El Senado contrató a uno de los abogados que actualmente litiga dos de los juicios que más le preocupan al sector bancario y financiero del país, para que encabece la demanda de controversia constitucional que promoverá esta semana en contra de la decisión de la Secretaría de Hacienda de permitir la participación de gobiernos extranjeros en los bancos mexicanos y, en particular, en Banamex.

Se trata del abogado Pedro Nava Malagón, quien fuera el titular del área de juicios de controversias constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la presidencia del ministro Genaro Góngora Pimentel y parte de la administración de Mariano Azuela.

La experiencia

Nava Malagón, también ex consultor jurídico del Senado, y a quien se le ubica en el sector judicial como uno de los especialistas más reconocidos en el manejo de los juicios de controversias constitucionales, tendrá a su cargo la tarea de lograr que la Corte confirme que la Secretaría de Hacienda violó el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito que prohíbe que gobiernos extranjeros sean dueños de bancos que operan en México.

Actualmente Nava Malagón, en colaboración con el despacho del ex candidato presidencial y ex senador panista, Diego Fernández de Cevallos, litiga dos juicios claves para el sector financiero del país; uno de ellos, ubicado como el más cuantioso que está en manos de la Corte, también involucra a Banamex.

Este caso se refiere al juicio que le ganó un cliente a Banamex, en dos instancias: para que le pague una inversión que realizó en la década de los ochenta a razón de las tasas de interés de más de 90% que se otorgaban en esa época, y que en 2007 se estimaba ascendía a mil 462 millones de pesos. Pero, por el tiempo que ha durado el juicio y por las actualizaciones e intereses a las que se condenó al banco, se calcula que ya asciende a más de 87 mil millones de pesos.

Dicho juicio fue atraído por la Corte desde noviembre de 2007 y está pendiente de resolución. De acuerdo con reportes del máximo tribunal del país en este asunto lo que está a revisión es la validez de la aplicación de una especie de anatocismo a la inversa, en perjuicio de todos los bancos, y no sólo de Banamex.

Bursalitización de recursos

En el otro juicio a cargo de Nava Malagón que actualmente también litiga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en juego la aprobación o no de la bursatilización de recursos públicos, un mecanismo de financiamiento que pretende utilizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para sacar de la crisis económica a todas entidades y de la quiebra a la mayoría de municipios del país.

Mediante la bursatilización de recursos públicos un municipio, un Estado o la Federación comprometen en la Bolsa Mexicana de Valores los impuestos que paga la población a cambio de recibir un préstamo.

Dicho tema fue llevado a juicio por Pedro Nava Malagón como parte del juicio que promovieron legisladores panistas del Congreso de Sonora en contra de las reformas que impulsó y que logró que se aprobaran en la entidad el ex gobernador Eduardo Bours —en agosto de 2007—, para obtener un financiamiento por 10 mil millones de pesos a cambio de pagarlo con los impuestos estatales y federales que recibiría la entidad en los próximos 30 años.

Dicho juicio comenzó a ser discutido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la última semana de agosto y se pospuso para una fecha a un por definir, después de una discusión inicial que generó división de opiniones entre los ministros.