Especialistas del Departamento de Estado norteamericano, en el marco de la Iniciativa Mérida, capacitaron a 40 servidores públicos del estado de Nuevo León, que participarán en el proyecto piloto de Cortes de Drogas, en el que los adictos que cometen delitos menores —por primera vez en México—, en lugar de ser sentenciados y enviados a prisión, podrán recibir tratamiento para su rehabilitación.

El estado fue elegido para iniciar el proyecto, ya que de acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), Nuevo León cuenta con legislación penal que permite esta alternativa legal para los adictos, además de la capacidad instalada que tiene para ofrecer los tratamientos, con más de 170 centros de internación y ambulatorios.

Un reporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), detalla como parte de los apoyos concertados con el gobierno estadounidense, a través de la Iniciativa Mérida, la Oficina de Asuntos de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL, por sus siglas en inglés) patrocinó un curso de capacitación sobre Cortes de Drogas, en Monterrey. Durante una semana 40 servidores públicos, entre los que figuran jueces, Ministerios Públicos, policías y abogados defensores, recibieron entrenamiento para el procesamiento penal de adictos que cometen delitos.

Modelo para otros estados

Son los primeros servidores públicos que trabajarán en un tribunal de drogas en México, que servirá como modelo para otros estados del país como Baja California, Querétaro y Chihuahua, que cuenta con legislación que les permitirá aplicar el enjuiciamiento de personas que delinquen bajo el influjo de algún tipo de estupefaciente.

De acuerdo con la PGR, las Cortes de Drogas consisten en llevar el proceso judicial normal contra un presunto delincuente, pero en este caso el juicio se suspende antes de las conclusiones acusatorias “y se le informa al inculpado que se ha demostrado que es culpable y hay pruebas para sentenciarlo, pero se le ofrece la alternativa de ser tratado como enfermo por drogas, para que se adhiera a un proceso de rehabilitación y no sea tratado como un delincuente”.

Aunque no todos los casos en que esté implicado un adicto podrán ser llevados a esta Corte, pues se deben cumplir una serie de requisitos, tales como que el delito que se le imputa no esté tipificado como grave por la ley, que el presunto responsable sea primodelincuente y no tenga antecedentes penales.

También se requiere que el inculpado haya reparado el daño a la víctima y que el delito lo haya cometido bajo el influjo de algún tipo de droga, para que el adicto en lugar de ser sentenciado reciba tratamiento bajo supervisión judicial, con la posibilidad de obtener una especie de preliberación, sin ingresar a prisión.

Se decidió que Nuevo León iniciara el proyecto, ya que tiene 140 centros de atención, para intervenciones breves, y 17 centros de atención privada.