El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos detectó en la frontera con México más de 400 casos de corrupción pública en los últimos dos años, que en 2009 significó 130 acusaciones formales y un centenar de detenciones contra funcionarios de ese país, por su presunta relación con el crimen organizado o la delincuencia común.

Así lo revela un informe de la agencia entregado el 16 de septiembre pasado al Congreso estadounidense por Robert S. Mueller, director del FBI, en el que se reconoce que el combate a la corrupción en la franja fronteriza es una prioridad, a tal punto que de los 700 agentes asignados a esta división en toda la Unión Americana, 120 han sido enviados a esta región, además de que se creó un grupo especial de inteligencia que colabora con las autoridades mexicanas para la detección de infiltraciones del crimen organizado.

Uno de los casos detectados por el FBI es el de Margarita Crispín, una oficial de aduanas que en 2008 se declaró culpable de permitir el paso de droga hacia Estados Unidos, una actividad que le generó recursos para comprar dos casas en México y vehículos de lujo tras operar tres años en un puesto de inspección... tan sólo en uno de los vehículos que dejó pasar a territorio estadounidense, se localizó tonelada y media de mariguana. Hoy purga una condena de 20 años de prisión.

Una investigación de EL UNIVERSAL documentó la infiltración del crimen organizado entre las autoridades de Estados Unidos a lo largo de la frontera, donde lo mismo operan grupos dedicados al trasiego de droga que al tráfico de personas y armas. El embajador de EU en México, Carlos Pascual, reconoció que la corrupción puede darse en cualquier país y afectar cualquier ciudad, lo que ya ha ocurrido en la frontera según aceptaron congresistas.

El documento del FBI entregado al Comité Judicial del Senado, revela que en los dos últimos años de los 2 mil 500 casos de corrupción pública detectados en todo el país, 400 corresponden a expedientes iniciados por actividades ilegales de sus autoridades con funciones en la frontera con México, aunque la agencia no detalla el cargo de los servidores públicos involucrados ni a las dependencias.

Sólo se indica que “la frontera sudoeste es foco particular de nuestros esfuerzos de lucha contra la corrupción”, por lo que 120 agentes del FBI se dedican exclusivamente a la investigación de casos en los que funcionarios se ven implicados con el crimen organizado o la delincuencia común que opera en esa zona.

Este grupo, se detalla, coordina esfuerzos de investigación en la frontera con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de Aduanas y Protección Fronteriza de Asuntos Internos (CBP-IA), así como dependencias federales y estatales.

El reporte señala que de más de 400 casos de corrupción pública procedente de esa región fronteriza, en 2009 se han producido más de 100 detenciones, 130 acusaciones formales contra servidores públicos y más de 70 condenas, cifras ante las que se reconoce que “una mayor cooperación con los gobiernos de México y América Central, es un objetivo interinstitucional del gobierno de Estados Unidos”.

El FBI alude al caso de la oficial aduanal Margarita Crispín vinculada al narco como “un caso particular que pone de relieve las posibles implicaciones para la seguridad nacional que derivan de la corrupción pública a lo largo de la frontera (...) no podemos permitir que quienes están dispuestos a renunciar a sus responsabilidades para beneficio personal, pongan en riesgo la seguridad de nuestras fronteras”.