La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) avaló las medidas que adoptó la Secretaría de Marina para el uso de la fuerza pública en puestos de control o puntos de revisión, en los accesos a instalaciones resguardadas y recintos fiscales o portuarios.

En este sentido, consideró clara, necesaria y oportuna la directiva emitida por la dependencia en el que limita al personal naval militar en el uso de fuerza letal en situaciones de agresión armada que representen peligro inminente para quienes las realizan.

La dependencia indicó que la decisión de la Secretaría de Marina (Semar) es muy positiva y congruente con los principios de oportunidad, legalidad, racionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza establecidos por la legislación internacional para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con pleno apego a los derechos humanos.

Ejemplo institucional

“Es deseable que las directivas de la Semar se analicen también en otras instituciones federales que cuentan con facultades de fuerza pública y —mediante documentos normativos equivalentes y específicos para el tipo de funciones que realizan— den lugar a directivas igualmente claras en el uso legítimo de la fuerza”, recomendó el organismo.

La CNDH recordó que la directiva de la Semar, suscrita el 30 de septiembre, está en vigor para todo el personal de esa dependencia y establece cinco niveles para el uso de la fuerza:

En primero lugar presencia disuasiva; persuasión verbal; reducción física de movimientos; utilización de fuerza no letal y uso de fuerza letal.

Como quedó establecido en la recomendación general número 12 sobre el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, emitida el 26 de enero de 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se opone a la detención, sometimiento y aseguramiento de personas por conductas previstas como presuntamente delictivas por la legislación penal, y por las leyes y reglamentos aplicables, refiere.

La CNDH reiteró la importancia de que los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, o que participan en tareas de seguridad pública en nuestro país, cuenten siempre con instrumentos jurídicos, conocimientos y capacitación técnica oportuna y suficiente para conducirse como verdaderos aliados de la sociedad en el desempeño de sus funciones.