Más allá de las razones financieras que llevaron al gobierno de Felipe Calderón a desaparecer a Luz y Fuerza del Centro, flotan en el debate público mexicano dudas sobre el método seguido para el famoso sabadazo y los días posteriores. Los críticos del acto gubernamental advierten una actitud antiobrerista.

Con el objeto de hacer explícita la posición de la administración calderonista, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, asegura que ningún otro sindicato se encuentra en riesgo de correr la misma suerte del SME.

Tiene fama de ser duro al enfrentar a los poderes fácticos. Ya en el pasado lo hizo en el sector telecomunicaciones y no salió triunfante. En esta ocasión confía: la confrontación con los electricistas se resolverá por vías institucionales.

También expresa su fe a propósito de la eventual reforma laboral prometida por el jefe del Ejecutivo el 2 de septiembre. Sin embargo, para ello no considera necesario modificar la Constitución.

¿Por qué no comenzó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro con la instalación de una mesa de negociaciones con el SME?

Se agotaron las condiciones de negociación. Hubo muchos intentos, y no sólo de estos tres años. En 1994 se firmó un convenio de productividad que no dio resultados. Signamos otro en marzo del año pasado para mejorar la calidad del servicio. Queríamos elevar la productividad de esta empresa para 2012. Queríamos evitar la pérdida y el robo de energía, queríamos un mayor compromiso de los trabajadores. Buscamos también detener el crecimiento de la plantilla del personal.

En el sindicato sabían que la ley prevé que cuando un organismo como LyFC no está cumpliendo con los propósitos para los que fue creado, el gobierno debe proceder a su extinción.

¿Los dirigentes del SME dejaron de ser interlocutores confiables para las autoridades?

Fue una combinación de elementos. A partir de un problema estructural y de uno sindical. De un lado está la situación financiera: Urgía reducir el gasto fiscal que LyF estaba absorbiendo y era necesario mejorar la calidad del servicio y, por tanto, la competitividad. Del otro lado está el tema sindical. La elección interna de la dirigencia dividió al SME en dos grandes grupos. Vino entonces Martín Esparza a la Secretaría del Trabajo a solicitar la toma de nota de su triunfo, en no muy buenos términos por cierto. Cuando en la secretaría hicimos el cotejo de los documentos encontramos irregularidades. Es en ese momento que estalla la crisis.

¿Por qué usar la fuerza pública para la toma de las instalaciones?

No se trató de una acción represiva sino preventiva. Se nos ha criticado por lo que algunos llaman equivocadamente el sabadazo. Era mejor actuar a la media noche de un sábado que hacerlo a las dos de la tarde de un martes. Así se redujo la posibilidad de un enfrentamiento y se logró dar continuidad de a la operación del servicio. La entrada de la policía fue para resguardar instalaciones estratégicas —centros de control, subestaciones, la red— así están consideradas por la Constitución. Son áreas estratégicas para la seguridad nacional. Todo se hizo en apego a la ley.

Después de la gran marcha liderada por el SME, ¿se modificaron las condiciones de negociación?

No tienen por qué cambiar las condiciones de negociación. No hay cambio, no hay marcha atrás. Esa movilización formaba parte de los escenarios previsibles y previstos. No solamente estábamos esperando, como ocurrió, que fueran electricistas con sus familias, sino que otras organizaciones, algunas legítimas y otras que las conocemos porque siempre se suman al borlote. Sabíamos también que acudirían algunos personajes legítimos, auténticos —en términos de las causas que defienden— y otros que son unos vividores.

Tenemos, por instrucciones del Presidente, voluntad de diálogo, y éste se conducirá desde la Secretaría de Gobernación. Pero no se va a negociar la medida, la decisión, su alcance. El diálogo será en todo caso para asegurar el cumplimiento correcto de los derechos, individuales y colectivos, de los trabajadores; sus liquidaciones, al pago de las jubilaciones y, a partir de los instrumentos del Estado mexicano, la eventual reinserción laboral de los afectados.

¿El diálogo puede llevar a modificar las posiciones del gobierno?

Lo que puede hacer es facilitarle la vida a quienes integran el sindicato y quienes buscan ahora una nueva oportunidad de desarrollo personal y la reinserción en la actividad económica y política.

¿Qué ocurrirá con el SME?

El Estado no puede cancelar un sindicato. Éste sigue existiendo, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene un registro en la Secretaría del Trabajo, tiene personalidad moral. Lo que ya no tienen es un contrato colectivo. Éste prácticamente se extingue al desaparecer LyFC.

¿Prevé escalamiento en la polarización social por este conflicto?

Este es un asunto —lo vimos en la marcha del jueves— que aglutina ciertas simpatías de algunas organizaciones, pero también lo hace del otro lado; al Ejecutivo federal igual le merece gran cantidad de apoyo, de respaldo, sobre todo por la congruencia de la medida.

Dicen que marcharon decenas de miles de personas y no es despreciable; respetamos la libertad de expresión y celebramos que la movilización se diera sin incidentes. Pero no debemos olvidar que otros millones de mexicanos ven la determinación favorablemente.

Creemos que las expresiones adversas a la decisión gubernamental se irán conduciendo por los cauces institucionales de la legalidad, del respeto a los derechos de terceros, del orden, de la civilidad; porque eso es lo que ahora nos está comenzando a distinguir como sociedad, que más allá de que pueda haber un tema que tensione, que distancie, que incluso polarice por momentos, estamos encontrando los cauces de esa institucionalidad y tengo la confianza de que así seguirá ocurriendo.

¿Cómo colocaría este conflicto en el contexto del mensaje del Presidente de la República del 2 de septiembre?

Todo viene de la necesidad del cambio estructural, y éste pasa por finanzas públicas sanas, por una reforma laboral que aliente el acceso al mercado laboral, sin trastocar derechos fundamentales de los trabajadores, y por la revisión, transparencia y la modernización integral de los organismos del Estado del sector energético.

Al hablar de estas grandes transformaciones podemos comprender lo que está sucediendo con Luz y Fuerza del Centro. Es congruente con buena parte del decálogo expresado por el Presidente.

Luego del SME, ¿otro sindicato debe poner sus barbas a remojar?

A mí me ha preocupado mucho ver la reacción de buena parte de la sociedad y los medios de comunicación, los analistas que se preguntan: ahora, ¿qué sindicatos siguen? Las circunstancias del SME eran excepcionales. Eran ya insostenibles en el tiempo. No queremos que se perciba una persecución contra sindicatos, porque los respetamos, respetamos la autonomía sindical. Creemos en la necesidad de la existencia de sindicatos y no puede ser que cada vez que nos enfrentamos a uno se piense que somos un gobierno antiobrerista.

¿Cómo hacer para introducir al sindicalismo mexicano por la ruta de las reformas democráticas?

Cualquier cambio estructural que pudiera darse en el mundo sindical, tiene que pasar por una reforma a la Ley Federal del Trabajo, siempre respetando, eso sí, la autonomía sindical, pues ésta es es un principio fundamental de nuestra Constitución en el ámbito laboral.

¿Autonomía de los líderes o autonomía de los trabajadores?

La autonomía de la organización laboral consagrada en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Sólo por excepción el Estado puede tener injerencia en la vida interna de los sindicatos.

¿Ve posibilidades para que en el Congreso haya reformas que garanticen la representación democrática de trabajadores, derecho que hoy no se ejerce plenamente?

Creo que hemos avanzado mucho. Hoy para el recuento en una eventual disputa por la titularidad del contrato colectivo de trabajo, si hay dos sindicatos que estén peleando, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ordenó que tal recuento tiene que celebrarse por voto libre, directo, secreto y universal de los trabajadores.

¿La secretaría a su cargo debe velar el proceso?

Lo vigilamos todo el tiempo por medio de la Junta Nacional de Arbitraje. Otro avance radica en que todos los contratos colectivos de jurisdicción federal están publicados en internet. Antes era el secreto mejor guardado, so pretexto de que no había interés jurídico o de que no se tenía representación legal.

¿También los pliegos petitorios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)?

Bueno, ese es otro tema. El SNTE no cae en el apartado “A” del artículo 123 de la Constitución. Se inscribe en el apartado “B,” donde se hallan los sindicatos al servicio de las secretarías de Estado. Los maestros, todos, están de alguna manera relacionados con la Secretaría de Educación Pública, aun cuando la educación está federalizada.

¿Y en el caso del SME?

LyFC es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y, por tanto, las relaciones con su sindicato se norman por el apartado “A.” Así lo determinó la Corte.

¿No sería bueno que de los apartados “A” y “B” del 123 constitucional se derivara un trato igual de transparente para todos?

Yo creo que eventualmente en nuestro país tendremos que dar ese paso: que todos los trabajadores tengan las mismas condiciones, porque la verdad es que los derechos colectivos de los trabajadores al servicio del Estado están mucho más limitados que los previstos en el apartado “A”, pero así lo dispone la Constitución mexicana.

Necesitamos también eliminar la cláusula de exclusión por separación de un sindicato. Hoy si a una persona la corren del sindicato pierde al mismo tiempo su puesto de trabajo, sin que haya ninguna responsabilidad para el patrón. Me parece algo monstruoso.

¿Cuál sería la reforma nuclear en la cuestión laboral?

El acceso al mercado de trabajo en modalidades que faciliten la productividad en las relaciones laborales y que aumenten la competitividad de nuestra economía. Lo podemos hacer sin tocar el artículo 123 porque es un artículo bien hecho, bien estructurado, bien pensado, cuyos derechos colectivos e individuales deben de preservarse. Hay que reformar sólo la ley porque viene de 1970 y a todas luces está rebasada.

¿No le parece obsoleto el sistema de las juntas de conciliación y arbitraje que hoy regula las relaciones obrero-patronales?

Yo creo que el arreglo que tenemos es muy bueno. El tripartismo (la representación del Estado, de trabajadores y de patrones) es una de las grandes bondades que tiene nuestro sistema laboral.

¿Es mejor que tener un juez de lo laboral como ocurre en la mayoría de las democracias?

Yo estoy convencido de que el tripartismo otorga garantías de equilibrio. Ahí están los distintos factores de la producción debidamente representados.

Ahora, hay que decirlo también, no comparemos el trabajo de la junta federal con el de las juntas locales. A nivel local sería necesario que hubiera mucho mayor transparencia, eficacia en la toma de decisiones, en la publicidad de documentos que se tienen al alcance.

¿Confía en que los gobernadores no se metan a administrar justicia laboral sustituyendo a las jurisdicciones locales?

No, no confío en ellos; yo creo que es una tentación muy grande y que se les facilita mucho.

¿Confiaría en que otro gobierno federal, ya no el de Felipe Calderón, no cayera en el futuro en esa misma tentación?

Yo creo que mientras no haya un arreglo institucional certero, la legislación que tenemos por lo que hace al registro de las asociaciones, a la labor de conciliación, a la labor jurisdiccional en la junta federal, es algo muy riesgoso y es susceptible de tentaciones autoritarias.

¿Qué opinión le merece la propuesta de crear un consejo económico y social que sirva para mejorar el diálogo entre los sectores de la producción?

Tengo una buena opinión y de hecho hemos venido trabajando en esto durante los tres años de gobierno. Hasta ahora hemos tendido una buena relación con todos los sectores de la producción, pero esta relación no se encuentra suficientemente institucionalizada. Por tanto, creo que eventualmente el país debiera dar el paso hacia un consejo de este tipo. Me parece que éste sería un gran legado del presidente Felipe Calderón Hinojosa.