La bancada del PRI en San Lázaro brindó su respaldo al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, frente a la investigación de la Suprema Corte de Justicia, que acusa violaciones severas a derechos de la población en el conflicto de 2006 a 2007, mientras que PRD y Convergencia urgieron a someter al mandatario a juicio político.

Tanto Beatriz Paredes Rangel, como el coordinador de los priístas, Francisco Rojas, y el jefe de los legisladores federales oaxaqueños, Eviel Pérez Magaña, expresaron su solidaridad con el gobernador oaxaqueño.

En caso de que se presentara una solicitud de juicio político contra el mandatario estatal, este asunto sería remitido a comisiones, señaló Pérez Magaña.

Actualmente la bancada del PRI, junto con el PVEM, tiene mayoría en cada una de las comisiones, por lo que puede asegurar votaciones a su favor.

Por su parte, senadores del PRD anunciaron que avalarán la demanda de juicio político en contra de Ulises Ruiz.

Sin embargo, los perredistas Silvano Aureoles y Salomón Jara, criticaron la decisión de la Corte que dejó sin responsabilidades al ex presidente Vicente Fox.

Apoyo para iniciar juicio

Los perredistas informaron que apoyarán en la determinación que tomen los diputados de su partido en la Cámara en donde se procederá a dar inicio al proceso de juicio político en contra del gobernador priísta.

Silvano Aureoles agregó: “Sin duda que hubiésemos querido que fuera más allá, a lo mejor sí se quedó corta la Corte, pero el fallo es un paso fundamental, abre la ventana para que de ahí se puedan iniciar otros procesos, pero no quedan libres de culpa”.

El Partido Convergencia coincidió con el Partido de la Revolución Democrática en que se debe someter a juicio político al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

Luis Maldonado, presidente nacional de Convergencia, dijo que es necesario que proceda también la acción de la Procuraduría General de la República (PGR) contra el priísta.

“La resolución de la SCJN no deja lugar a dudas: el gobernador Ulises Ruiz, es culpable de la violación grave de garantías individuales habidas en el conflicto magisterial, político y social que vivió la capital (de Oaxaca) y debe ser sometido a juicio político”, dijo Maldonado Venegas.

En tanto, el máximo tribunal alista el envío del informe del caso Oaxaca a todos los gobernadores, congresos locales y alcaldes del país, debido a que en el mismo también se incluirán una serie de recomendaciones y lineamientos que deben de tomar en cuenta en torno al uso de la fuerza pública, en casos de manifestaciones, para evitar violaciones de derechos humanos.

Lo anterior porque al igual que ocurrió en el caso del enfrentamiento entre policías e integrantes de la comunidad de Atenco, en el estado de México, el conflicto en el estado de Oaxaca dejó a la vista una serie de omisiones y deficiencias por parte de los cuerpos policiacos que deben ser corregidas, para evitar futuros abusos de las autoridades en el control de manifestaciones.

(Con información de Nurit Martínez)