La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, responsable de la violación grave de una serie de garantías individuales, durante el conflicto magisterial, político y social que se vivió en la capital de su estado, de mayo de 2006 a enero de 2007.

Pero determinó que ni el ex presidente Vicente Fox ni algún integrante de su gabinete son culpables de dichas violaciones.

La Corte concluyó que durante este periodo se violaron de manera grave los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, a la paz y al acceso a la información de la población de la capital oaxaqueña y de los municipios conurbados. Además de las garantías a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación y de propiedad.

Señalan omisión

Todas esas violaciones, concluyó el pleno del máximo tribunal por siete votos contra cuatro, se cometieron tanto por las decisiones erróneas que tomó el gobernador para resolver el conflicto y que, por el contrario, lo incentivaron, como por las acciones que omitió adoptar para proteger a la población.

Por una parte, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que “el reproche fundamental es que no se cuidó el orden público en la ciudad, y que esta omisión que —repito—, fundamentalmente la veo a cargo del gobernador, dio como resultado que el desorden generalizado produjera por parte de los particulares (los manifestantes de la APPO) la afectación de derechos humanos fundamentales”.

El ministro Juan Silva Meza también destacó el hecho de que “la responsabilidad del gobernador del estado en la violación de los derechos humanos de los agredidos (de la APPO), como encargado de la seguridad pública en el estado es irrefutable”.

Junto con el gobernador, de manera unánime, los ministros de la Corte también responsabilizaron de dichas violaciones al director general de Seguridad Pública del estado, José Manuel Vera Salinas, al director de la Policía Ministerial, Teniente de Navío José Moreno Rivas, y al director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Joaquín Darío Berges y Dorantes.

Una minoría, integrada por los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan Silva Meza y José Ramón Cossío pidieron que se responsabilizara también de las violaciones al ex presidente Vicente Fox Quesada y a funcionarios de su gabinete, pero la mayoría se opuso.

Las consecuencias

La Suprema Corte emitió esta decisión al ejercer la facultad que le confiere la Constitución para indagar violaciones graves de garantías constitucionales.

La investigación la inició el 27 de agosto de 2007, a petición de la Cámara Alta y estuvo a cargo, al principio, de magistrados federales.

Por este motivo, la Corte le enviará los resultados de su investigación a la Cámara de Diputados, además de al Senado, a la Presidencia de la República, al Congreso local de Oaxaca y a la Procuraduría General, entre otras autoridades, para que sean ellas las que decidan si se le fincan a dichos funcionarios públicos responsabilidades penales, civiles, administrativas y políticas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 de la Constitución, sólo puede hacer la indagatoria para conocer la verdad de los hechos y señalar a las autoridades responsables de violar de manera grave las garantías de la población. Y no puede establecer sanciones. Dicha decisión la tendrán que adoptar las autoridades a las que les remita las conclusiones de su indagación.

Es decir, tocará a los legisladores, a la PGR y al gobierno federal determinar si le fincan algún tipo de responsabilidad penal, política, civil o administrativa al gobernador Ulises Ruiz.

Aunque como dichas conclusiones sólo tienen el carácter de una recomendación, al final la decisión de la Corte podrá o no ser tomada en cuenta.

Pero el informe de la Suprema Corte quedará registrado para la historia como la versión oficial de lo que ocurrió en Oaxaca.