El tema de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) suscitó un debate en la sesión del Senado, en la que PRD, PT, Convergencia e incluso el Partido Nueva Alianza (Panal) criticaron la decisión.

En debate en tribuna, Irma Martínez, senadora por el Panal, partido afín a Elba Esther Gordillo, dijo que el hecho constituyó “un severo golpe al sindicalismo” y que la decisión fue la menos idónea, pues se lanza a la calle a los trabajadores.

Atraco al SME

El coordinador del PT, Ricardo Monreal Ávila, calificó la liquidación como “un asalto” a la Constitución y a la legislación laboral, al tiempo que aseguró que se trató de un “atraco” al Sindicado Mexicano de Electricistas (SME) porque no es servicial al gobierno.

Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara Alta, Manlio Fabio Beltrones, dijo que no acompañarán una eventual controversia constitucional contra el decreto presidencial. Javier Orozco (PVEM) respaldó la decisión al argumentar las pérdidas para las finanzas públicas.

El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, interrogado sobre si el SNTE y el Sindicato Petrolero son intocables, manifestó que “aquí no hay intocables” y no hay privilegios. “El chiste es que se acaben los privilegios”, dijo.

Opinó que con el decreto de liquidación, el presidente Felipe Calderón tuvo reconocimiento a su liderazgo, e incluso la Bolsa Mexicana de Valores registró un alza.

Rubén Camarillo, del PAN, defendió la liquidación, mientras que el senador Tomás Torres, del PRD, propuso sancionar a los directivos de LyFC que no respondieron a la expectativas y que sumieron en crisis al organismo.

Por el PRD, Graco Ramírez Garrido Abreu cuestionó el rescate de empresas privadas con recursos públicos, y que hoy se escandalicen “cuando una empresa pública tiene dificultades financieras, cuesta al presupuesto y condenan y linchan a trabajadores que luchan por sus demandas y prestaciones”.

Graco Ramírez dijo que es el pretexto para la privatización y propuso que el Senado escuche a todas las partes para salir del conflicto.

Dante Delgado, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, denunció que se violó la Constitución.

Defienden el decreto

El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, confió con “absoluta seguridad” sobre la legalidad del decreto presidencial emitido para la extinción de LyFC y dijo que en caso de que haya una controversia constitucional “estaremos (preparados) para defender esa legalidad”.