El decreto para extinguir a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) cumplió con todos los requisitos y las formalidades legales y reglamentarias, aseguró el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien anunció que el gobierno federal sostendrá la legalidad de la medida ante la instancia procesal que corresponda.

Incluso, al plantearle la posibilidad de que los trabajadores electricistas opten por el recurso de inconstitucionalidad y al trámite de amparos contra el acto jurídico que los dejó sin su fuente de empleo, adelantó:

“El Ejecutivo federal es y será respetuoso de los procedimientos previstos en la Constitución. He dicho que hemos sostenido y sostendremos la legalidad de la medida. Presentaremos nuestros argumentos, lo haremos en los espacios procesales que resulten pertinentes”, manifestó.

Dijo que a la dependencia no le corresponde determinar la procedencia o no del recurso de amparo, “le toca a los jueces federales. Nosotros sostenemos que lo que hemos hecho está apegado plenamente a la Constitución”.

Gómez Mont ratificó la disposición de la dependencia de tener una mesa de diálogo abierta, a fin mantener un canal de comunicación permanente con los trabajadores, al tiempo que los instó a ejercer su derecho de manifestación por la vía pacífica, esto, ante el anuncio de movilizaciones.

“Hemos ofrecido un canal de comunicación a fin de que los puntos de vista se hagan valer en el ámbito de la institucionalidad, se cancele la conflictividad por la vía del diálogo. Somos gente de paz y queremos consolidar las vías pacíficas en este país”, señaló.

En conferencia y acompañado por el Consejero Jurídico del Ejecutivo federal, Miguel Alessio Robles, Gómez Mont justificó la promulgación del decreto al señalar que el gobierno tuvo que enfrentar “una dificilísima situación” que imperaba en LyFC.

Y argumentó que, así como la paraestatal fue creada por decreto el 9 de febrero de 1994, “su extinción se llevó a cabo mediante un instrumento de la misma naturaleza”, con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Incluso, reveló que la misma Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una recomendación después de revisar la cuenta pública 2006 en la que solicitó evaluar la pertinencia de aplicar esos artículos de la normatividad citada, recomendación hecha a la Secretaría de Hacienda y no a Energía, por lo que se deduce que el tema era de la esfera del Ejecutivo Federal y a este le correspondía su extinción.

Se le preguntó si está garantizado que no se elevarán las tarifas eléctricas, dijo que el gobierno mantendrá la misma política en el tema, pero aclaró que lo que se busca es que la red opere de manera autosuficiente.

“Que pueda su operación ser financiada a través del pago de los usuarios, como sucede en el resto del país. Lo que no puede ser ya es que haya una diferencia para la prestación del servicio público en la zona centro del país, distinta al resto, en donde no se tiene que estar dando este apoyo”.