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A pesar de que el Código Penal prevé en su artículo 366 bis que no sólo la negociación sino también cualquier tipo de asesoría con fines de lucro están penadas, y se castiga con 10 años de prisión; investigadores privados ofrecen este tipo de servicio en México a través de agencias de negociación de secuestros, que en la mayoría de los casos se presentan como “asesores en crisis” y cobran por lo menos 100% de lo que se paga por el rescate.

Isabel Miranda de Wallace realizó un pago de 5 mil dólares sin haber obtenido resultado alguno en el secuestro de su hijo, mientras que el empresario Fernando Martí contrató los servicios de una empresa de asesoría para la seguridad de su familia, y a quien enviaron para custodiar a su hijo sólo tenía cuatro días en la empresa, no concluyó su capacitación y no portaba arma.

La contratación de asesores se justifica porque los plagiarios imponen a las familias no acudir a la policía para respetar la vida de las víctimas.

José Antonio Ortega, abogado defensor de víctimas de plagio por más de 10 años, y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, considera que “en una sociedad libre, la principal justificación del Estado, si no es que la única verdadera, es que garantice los derechos naturales de las personas a la vida, la propiedad, la libertad y la seguridad.

Por desgracia, el Estado mexicano incumple ese deber primordial. Muchas personas que pagan sus impuestos para recibir en contraprestación un servicio de seguridad, no lo reciben y deben hacer un desembolso para protegerse por su cuenta.

En el caso de Isabel Miranda de Wallace, el negociador cobraba mil quinientos dólares la hora. “Utilicé su asesoría a lo largo de 25 días, sin ningún resultado. El dinero invertido no se recuperó”.

Gerardo Laveaga Rendón, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), dice que es la falta de “cultura de la legalidad” lo que propicia que dichos negociadores prosperen.

“El problema para castigar estas acciones constitutivas de delito, es que al tratarse de un servicio ilegal, resulta difícil comprobar que efectivamente el pago de determinada cantidad obedeció a una negociación o asesoría por secuestro”.

El penalista señala que las más desfavorecidas son las familias que, además de pagar el rescate al secuestrador, tienen que dar dinero a un supuesto “experto”, sin garantía de que la persona plagiada sea recuperada con vida.

Policías delincuentes

En contraposición, Max Morales, asesor en seguridad, señala que un negociador brinda atención y asesoría privada ante la incapacidad del Estado de garantizar seguridad pública, y enfatiza que en 90% de los secuestros en México hay un policía que pertenece a las bandas de plagiarios.

La investigación oficial delictiva corresponde a las autoridades; sin embargo, la negociación no. Se prescindiría de negociadores privados si no existieran secuestros, los hay porque el problema de México no es de delincuencia organizada sino de malos policías organizados en delincuencia.

¿Cuántos, quiénes...?

En México, 82 víctimas de secuestro han sido asesinadas entre 1986 y agosto de 2008. Por lo que hace al monto de los rescates, y por ende a las ganancias de los secuestradores, entre 1986 y 2006 alcanzaron un monto estimado de 519 millones de dólares corrientes. Según la investigación hemerográfica de José Antonio Ortega, 88% de los plagiarios son delincuentes comunes, 0.52% integrantes de grupos armados clandestinos y 11. 25% son policías.

Por lo que hace a la edad, 15% de las víctimas fueron menores, niños en su mayoría. Mujeres, 17%; y 83% hombres. En este periodo casi 22% de las víctimas fueron empresarios, cerca de 9% ganaderos y agricultores, menos de 1% profesionistas, casi 2% servidores públicos, 0.10 % amas de casa, 1.3% estudiantes, y el restante 65.58% fueron otros y no especificados, si bien la mayoría de estos últimos eran familiares de los anteriores. El Consejo Ciudadano estima que por cada 10 secuestros, seis sí se denuncian y cuatro no.

Plagiarios van por toda la maleta

“Los policías son los que extorsionan a las víctimas, pidiendo dinero para agilizar la investigación; para pagar sus alimentos, su transporte, la gasolina de sus autos, e incluso cobrar sus servicios durante el secuestro. Esto lo hacen de manera constante, de ahí que no deseen que intervenga ningún negociador o especialista que, en su caso, impediría que la familia fuera presa de esta extorsión”.

Un ejemplo fue el de integrantes del Grupo Antisecuestros de Jalisco que, no conformes con la gratificación que recibieron, mataron a todos sus demás familiares. Esta víctima era muy cercana al ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña.

“La postura del negociador es mundialmente aceptada; de hecho México participó en las pláticas para liberar a Ingrid Betancourt.

“Los negociadores cobramos por el tiempo de trabajo y por nuestros conocimientos, mientras que los policías quieren porcentajes del secuestro o la maleta completa. La Constitución establece en su artículo 5° que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración, y eso es una garantía constitucional. ¿Quién se quedó con el dinero del rescate del caso Martí?”, pregunta Max Morales.

Rotundo fracaso en la estrategia

La sexta Encuesta Nacional sobre Seguridad elaborada por el ICESI arrojó más de 50 mil secuestros en el país durante 2008, incluyendo plagios y secuestro express: “Estas cifras reflejan el fracaso total de la estrategia antisecuestros”, comenta Eduardo Gallo, padre de Paola, víctima de plagiarios y homicidas en 2000.

Para él, los investigadores privados son abogados que “se dicen” investigadores. En su caso no recurrió a ellos, aunque sí habló con un negociador inglés de la empresa Control Risk, que lo asesoró a lo largo del secuestro de Paola. “Sin embargo, existen investigadores serios que cobran grandes cantidades, esto último no lo criticaría si el trabajo fuera justo y honesto; pero estos asesores acuden a las procuradurías, obtienen información y la presentan como nueva a la familia de la persona secuestrada y esto constituye un fraude”, asegura Gallo.

Juan Francisco Torres Landa, abogado y secretario general de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), afirma que, por metodología, esa organización no está en favor de la intervención de las agencias de investigación privadas, por la simple y sencilla razón de que éstas últimas recomiendan a las familias no denunciar ante las autoridades de procuración de justicia la existencia de un evento delictivo del que sean víctimas.

MUCD opera conforme a la ley, y recomienda a las familias de aquéllos que hubieran sido secuestrados que denuncien los delitos ante las autoridades. En dado caso la intervención de negociadores privados, sólo se justifica cuando se requiera de un apoyo sicológico o logístico, pero siempre en plena coordinación con la autoridad”.

México, líder mundial en secuestros

México no se ha adherido a las nuevas reglas internacionales del combate al secuestro emitidas por la ONU, que datan de la segunda mitad de 2006. Hasta antes de los años 70, este tipo de crimen ocurría de manera esporádica, pero durante casi cuatro décadas las cifras han aumentado de manera alarmante. Entre 1970 y 1985 se cometieron alrededor de 300 secuestros, a razón de 21 cada año. Pero desde 1986 a la fecha, este número se vio multiplicado por 20, con un promedio de 448 por año.

Para el primer convocante de la marcha contra la inseguridad en 2004 (la más concurrida en la historia del país), la recomendación es denunciar siempre, no sólo porque es una obligación legal, sino porque con una denuncia de por medio hay más posibilidades de que la víctima salga con vida, no vea afectada su integridad física e incluso se pueda negociar un menor monto del rescate.

No sólo ante el Ministerio Público

Sin embargo, la denuncia no debe hacerse sólo ante un policía o ante un Ministerio Público. “Es indispensable entrar en contacto con el procurador, ya sea el titular de la PGR o el de la Procuraduría de la entidad federativa respectiva.

“El problema del secuestro está muy lejos de ser resuelto. Estamos ante la tercera gran oleada en México. Grupos subversivos cometen cada día más secuestros. Supuestamente el EPR y otros grupos estarían acumulando grandes cantidades, ya sea para incursionar en grande en el narcotráfico (como las FARC); o para preparar una campaña terrorista de alto perfil con motivo del bicentenario de la Independencia de México y el centenario de la Revolución Mexicana”, concluye José Antonio Ortega.