El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados alertó que la propuesta de 2% de contribución a la pobreza prevista para 2010, no tiene los candados suficientes para que su ingreso sea sólo utilizado en programas sociales.

“No se identifica algún artículo que exprese la obligatoriedad de destinar los recursos recaudados a los programas de combate a la pobreza de manera concreta”, apunta.

El destino de la recaudación sólo se expresa en el artículo 21 de la Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza que los ingresos derivados formarán parte de la recaudación federal participable (RFP).

“Por tanto, de los 71 mil 775 millones de pesos —a recaudar por la Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza— sólo 50 mil 484 millones quedarían en manos de la administración pública federal, sin estar obligada expresamente por algún artículo en la legislación a ejercer dichos recursos en programas de combate a la pobreza”, señala el documento.

Por ley, no disminuye apoyo

Incluso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas refiere que en la exposición de motivos de la propuesta presidencial se menciona insistentemente que de no realizar las reformas y transformaciones que México necesita, “se tendrá una disminución sustancial de los recursos que se podrán destinar al financiamiento de los programas prioritarios de combate a la pobreza y desigualdad”.

Lo anterior se contrapone con algunas obligaciones legales en torno a que el presupuesto destinado al desarrollo social no podrá reducirse, bajo ningún motivo, con respecto al utilizado el año en curso anterior.

Es decir, con 2% de gravamen al consumo o no, los recursos para el combate a la pobreza deben ser superiores a los de 2010, porque así lo establece la ley. “La Ley de Desarrollo Social establece en materia de gasto social, que éste no podrá ser inferior al del año fiscal anterior, que estará orientado a la promoción de un desarrollo regional equilibrado basado en indicadores y lineamientos generales de eficacia y de cantidad y calidad en la prestación de los servicios sociales.