En la actual administración, la depuración policiaca ha llevado a prisión a más de mil agentes de todo el país involucrados en actividades ilícitas, pero según expertos, la estrategia no funciona, pues siguen los casos de corrupción en instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.

De acuerdo con información oficial, prácticamente no pasa una semana sin que un grupo de policías, o al menos un agente de alguna corporación, sea detenido, consignado o arraigado por tener nexos con el crimen organizado u operar su propia banda.

La falta de resultados obedece, por un lado, a la incapacidad técnica y humana para hacer evaluaciones permanentes a los cerca de 400 mil policías del país y, por otro, a que no se atacan las causas que obligan a algunos a sumarse a la delincuencia, señalaron los especialistas en seguridad pública Elena Azaola y Arturo Arango.

La incapacidad de practicar exámenes de control de confianza establecidos en la ley a todos los policías es una de las principales debilidades en la depuración que señalan organizaciones de la sociedad civil y el propio secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón.

En su evaluación al Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, México Unido contra la Delincuencia destacó que los gobiernos federal y estatales incumplieron el compromiso de aplicar exámenes de control de confianza a todos los integrantes de corporaciones policiacas del país.

Tello Peón reconoció que la falta de recursos y de capacidad instalada —sumada a la alta rotación de personal de 30% en promedio— impide realizar a cada policía las dos evaluaciones por año que como mínimo fija el Plan Nacional de Seguridad Pública.

El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi) sostiene en su más reciente encuesta de percepción ciudadana, que la mayor parte de la población se siente insegura en su ciudad y que no confía en sus policías ni en el Ministerio Público.

Evaluación, inútil sin otras acciones

Elena Azaola, experta del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y coordinadora de la Red de Especialistas en Seguridad Pública, advirtió que se requieren cambios estructurales en instituciones policiales que garanticen a los elementos y sus familias un proyecto de vida y desarrollo profesional.

“Si se les protegiera realmente, si se les ofreciera certidumbre, carrera profesional, mecanismos de promoción y ascenso y apoyo para ellos y sus familias, habría muchos menos policías que se sumaran a la delincuencia. Se requiere un cambio muy amplio que se refleje en sus condiciones de trabajo, salarios y prestaciones”, sostuvo.

Por su parte, Arturo Arango, consultor independiente y quien colabora con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal como instructor en cursos de formación para nuevas generaciones de la Policía Federal, dijo que la depuración no puede ser gradual y debe ir hasta las últimas consecuencias.

“Tenemos algo que está a medias. Por un lado están quitando a algunos malos elementos, pero están dejando a otros que corrompen a los nuevos. Es como juntar las manzanas podridas con las sanas en la misma cesta”, afirmó.

Ambos coincidieron en que la estrategia debe replantearse, pues no puede sustentarse sólo en una evaluación que ni siquiera puede realizarse como dicta la ley.

“En Morelos, por ejemplo, nos tomó casi cuatro meses evaluar a 2 mil 500 policías. Si consideramos 400 mil se requeriría, por ejemplo, una escuela de 20 aulas, mil polígrafos móviles y un mecanismo que permitiera reunirlos a todos, lo cual es imposible, si además se considera la rotación de 25% al menos”, comentaron.

Detenciones, gracias a denuncia anónima

Abogados y familiares de los poco más de mil policías detenidos en la actual administración por sus presuntos nexos con el crimen organizado han cuestionado que las detenciones no resultan de exámenes de control de confianza, sino en su mayoría de denuncias anónimas o testigos protegidos.

Es el caso de los 98 policías de diferentes corporaciones de Nuevo León detenidos hace unos días por el presunto hallazgo de una narconómina, en la que aparecen 240 nombres; los 44 custodios y policías detenidos por la fuga de 53 reos del penal de Cieneguillas, Zacatecas, y los 124 agentes y mandos de policías de Hidalgo, acusados de brindar protección a Los Zetas.