Una investigación hecha por el Consejo de la Judicatura Federal, a raíz de una denuncia que promovió un ex trabajador, permitió demostrar que en juzgados y tribunales federales ubicados en Yucatán laboran familiares de todo nivel, de al menos siete magistrados y 3 juezas.

Se trata de un caso, que, en opinión de académicos y juristas, corrobora el dicho que ubica al Poder Judicial como la “Gran Familia” o la “Familia Judicial”; y que es tan sólo la muestra de lo que ocurre a nivel nacional en todos los juzgados y tribunales, en donde los hijos, las nueras, los yernos, los sobrinos, las esposas, y, claro, hasta los compadres de los impartidores de justicia abundan.

Pero en el que el Consejo de la Judicatura Federal considera que no es posible sancionar a los funcionarios judiciales porque no violaron ninguna norma, debido a que sus familiares fueron contratados y laboran en los juzgados y tribunales de sus compañeros, y no en los que ellos dirigen.

En otras palabras, en opinión del Consejo, lo que internamente es visto como un tráfico disfrazado de plazas, un trueque o un intercambio de lugares entre juzgadores, mediante el cual se “burla” la prohibición de contratar a familiares en sus propios tribunales, actualmente no puede ser sancionado.

Ante tal motivo, al conocer este mismo caso, la Comisión Nacional de Ética Judicial, un organismo de reciente creación que agrupa a todos los impartidores de justicia, locales y federales, emitió una recomendación en la que le pidió al Consejo de la Judicatura Federal prohibir y sancionar este tipo de prácticas.

Dicha comisión, que, de manera paradójica, es presidida por el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo, le solicitó a la Judicatura que “incluya una norma que prohíba todo acuerdo o compromiso entre los magistrados de circuito o los jueces de distrito para nombrar recíprocamente, al cónyuge o familiares del otro” en sus tribunales.

Una conducta natural

Los acuerdos entre impartidores de justicia para intercambiar plazas con salarios que van desde los 20 mil hasta los 80 mil pesos, es un secreto que todo mundo conoce en el Poder Judicial de la Federación, asegura un magistrado de circuito que pide el anonimato y que afirma que, incluso, quienes no se suman a esta práctica son mal vistos y aislados.

Por eso pocos se habían atrevido a denunciar y a documentar esta práctica. Por lo menos no como lo hizo Julio César Puerto Osalde, un abogado que fue despedido de un tribunal federal por responder al maltrato de que era objeto de parte de su jefe, y que no pudo defenderse porque el familiar de un juez emitió un testimonio falso en su contra.

El mismo al que el magistrado Fernando Amorós Izaguirre le dijo que esperaba que hubiera aprendido la lección de no meterse con quien no debía. El mismo, que ahora dice en entrevista, que es mal visto en el Poder Judicial por haber aprendido a defender sus derechos y por haber elaborado una lista detallada de los lazos sanguíneos o políticos de los familiares de los jueces y magistrados federales que laboran en los juzgados y tribunales ubicados en el estado de Yucatán, y que fue reconocida por el Consejo de la Judicatura Federal.

Hasta antes de su denuncia, que el propio Puerto Osalde denominó como nepotismo judicial, la Judicatura había recibido quejas similares, pero aisladas, refiriéndose sólo a un par de órganos jurisdiccionales, pero no a casi todos los que se ubican en una entidad.

Pero en ninguna se documentó el cruce de contrataciones de familiares entre 10 juzgadores, como ocurrió en el caso de Yucatán y que, se estima, es muestra de lo que ocurre a nivel nacional.

Al revisar su denuncia, en el Expediente de Investigación 17/2008, el Consejo de la Judicatura Federal llegó a la conclusión de que “si bien es verdad que familiares de los magistrados Raquel Flores García, María Luisa García Romero, Mariano Mario Hernández Torres, Luis Armando Cortés Escalante, Pablo Jesús Hernández Moreno, Paulino López Millán y Fernando Amorós Izaguirre; y, de las juezas de distrito Mirza Estela Be Herrera, Mayra González Solís y María Esther Rodríguez Juárez, laboran en órganos jurisdiccionales del décimo cuarto circuito del Poder Judicial, no existen evidencias de que hayan intervenido en su contratación”.

A manera de conclusión el Consejo señaló que “la circunstancia de que se hayan otorgado nombramientos a favor de parientes consanguíneos o por afinidad de jueces de distrito y magistrados de circuito, puede entenderse, porque es un hecho que la relación familiar influye en la inclinación de la profesión en la que se desarrollan sus integrantes”.

“Tan es así —agrega— que existen familias dedicadas a la medicina, a la arquitectura o a la abogacía, lo cual también acontece en el Poder Judicial de la Federación, donde primos, hermanos, hijos y sobrinos, entre otros, deciden ingresar a esta institución, inspirados por alguno de sus familiares. Esa inclinación natural no puede ser considerada como causa de responsabilidad”.

La denuncia del abogado Julio César Puerto hubiera terminado con esta decisión, de no ser porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Guillermo Ortiz Mayagoitia, resolvió darle un giró a este asunto al remitirlo a la Comisión Nacional de Ética Judicial, que también preside él, para que el caso fuera analizado desde el punto de vista ético.

“Una burla y una grave violación”

En contraste con lo que resolvió el Consejo, la Comisión le pidió que prohíba el cruce de contrataciones de familiares en los juzgados y tribunales y, de manera específica, le solicitó que emita reglas en las que se establezca que “si un titular nombra como secretario o actuario al cónyuge de otro titular, a sus familiares o a cualquiera de las personas referidas, este último titular ya no podrá hacer lo mismo con el cónyuge o familiares allegados del otro”.

Además de que le solicitó, en el expediente de recomendación 01/2009, que también emita medidas para que los jueces y magistrados sólo contraten a los familiares de sus homólogos cuando hayan aprobado, previamente, un examen de aptitud realizado por el Instituto de la Judicatura Federal.

La Comisión —integrada por el presidente de la Corte, un académico, un abogado litigante, un magistrado federal, un magistrado local y un ministro en retiro— aclaró que desde una interpretación jurídica rígidamente literalista podría pensarse que no hay una trasgresión, pero esto no es así.

“Desde un punto de vista superficial —precisó—, podría pensarse que en este supuesto no se dan las consecuencias indeseables que operan cuando el cónyuge, familiar o protegido del titular trabaja en el mismo tribunal de éste, pero no es así, pues aunque aquellos laboran bajo las órdenes de otro titular, el pacto explícito o implícito existente entre quienes expiden el nombramiento tiende una capa de protección sobre los nombrados que, así, quedan mutuamente respaldados privilegiadamente de entre el resto de los empleados”.

En opinión de la Comisión lo más grave es que este método de nombramientos de mutuo compromiso es utilizado, por tanto, como una forma de eludir la prohibición que existe para que un juez o magistrado contrate a sus familiares en su propio tribunal.

Este tipo de nombramientos, concluye la Comisión, “tienden a contaminar al Poder Judicial y pueden acarrear el riesgo de que la institución se deteriore… además de la mala impresión que dicho compromiso causa a la sociedad, que exige de sus jueces especialmente una conducta honorable, sin tacha”.

“El juez debe ser un ejemplo”

Es en este punto en el que coincide el encargado del área de Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), José Antonio Caballero, quien recuerda que Manolete decía que para ser torero lo primero que se necesitaba era parecerlo.

Porque, destaca, lo mismo aplica para los jueces. “El juez —dice— frente a la opinión pública, debe empezar por parecerlo. Eso quiere decir que su vida y su conducta deben ser ejemplo para quienes los observamos”

“Ocultarse en legalismos para ‘justificar’ conductas injustificables, muestra indolencia, falta de respeto hacia la función y, desde luego, contribuye a la falta de credibilidad hacia la justicia”.

Mientras que para el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, “es inegable que hay una nada encubierta y muy persistente costumbre de meter a familiares dentro de cargos relevantes (y no tan relevantes) en el PJF”.

“En algunos casos —dice Carbonell— podrían llegar a configurarse violaciones legales que habría que sancionar de forma ejemplar, con toda la dureza que permita la ley. En otros casos, más sutiles y también más abundantes, se producen clamorosas violaciones de la ética judicial. En todo caso, lo que es evidente es que todavía estamos lejos que contar con un poder judicial federal profesionalizado, en el que las plazas se ocupen por vía del mérito y no de la consanguinidad”.

Y, por lo mismo, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Jorge Nader Kuri, asegura que “lo que se necesita es fortalecer el servicio de carrera y sancionar eficazmente cualquier desviación en el sistema de contratación y ascensos”.