La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará en su sesión pública de hoy un proyecto de sentencia en el que el ministro José Ramón Cossío Díaz propone que los militares que cometan delitos que afecten a la población, como homicidios y violaciones, sean juzgados por tribunales civiles y no por el Ejército, como ocurre en la actualidad.

Se trata de una propuesta que generó la oposición del gobierno de Felipe Calderón y una división en la propia Corte, donde se considera difícil que prospere el proyecto que pide que el fuero militar se use sólo para juzgar asuntos que atenten contra la disciplina castrense y no en delitos que afecten a civiles, en especial cuando se trata de violaciones a los derechos humanos.

El proyecto de Cossío Díaz provocó que, por vez primera durante la administración del presidente Calderón, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acudiera a visitar personalmente a cada uno de los ministros del máximo tribunal del país para presentarles sus argumentos en contra de que se limite el fuero militar.

De acuerdo con información recabada por este diario, durante las pláticas privadas que sostuvo con los ministros no sólo expuso argumentos jurídicos, sino la preocupación que hay en el gobierno federal respecto a que si prospera la propuesta se pondría en riesgo a las Fuerzas Armadas, su institucionalidad y la lucha contra el crimen organizado.

Durante el jueves y el viernes de la semana pasada, principalmente, Gómez Mont acudió a las oficinas de cada uno los ministros de la Corte acompañado, entre otros, del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca. Aunque este último no ingresó a los encuentros.

El titular de Gobernación pidió a algunos ministros defender a las Fuerzas Armadas y a votar porque no se apruebe el proyecto, porque todos los delitos que cometen elementos del Ejército, y en los que se ven involucrados civiles, en opinión del gobierno federal atentan contra la disciplina militar. De ahí, les dijo, que los militares deben ser juzgados bajo el fuero de guerra.

Pero también les pidió revisar la opción de desechar, de inicio y sin entrar a una discusión de fondo, el juicio de amparo que detonó este asunto.

Previo a la visita, la Secretaría de la Defensa, a través de la Procuraduría de Justicia Militar, también defendió su postura ante cada uno de los ministros.

Juicio cuestionado

El secretario de Gobernación también ha sido el encargado de defender la prevalencia del fuero militar en un juicio que se lleva a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de dar respuesta negativa a las recomendaciones de la ONU, que ha pedido a México que los militares que participan en tareas de seguridad pública y cometen delitos, sean juzgados vía civil.

El fuero militar ha sido impugnado por organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque consideran que ha generado que delitos queden en la impunidad.

En el caso que revisará la Corte, Cossío propone amparar a una mujer para que el caso del asesinato de su esposo, ocurrido en marzo de 2008, sea juzgado por la vía civil y no militar.

El hecho tiene que ver con el asesinato de cuatro jóvenes en Badiraguato, Sinaloa, que fueron baleados por militares que los confundieron con narcos, pese a que en la camioneta en la que viajaban no traían armas ni droga.

La mujer, en calidad de víctima, impugnó la decisión de la Procuraduría General de la República de declararse impedida para llevar el caso de su esposo ante la justicia civil y ceder el asunto a la justicia militar.

Mediante el juicio de amparo, la mujer —con el apoyo jurídico de diversas ONG— pidió que el caso fuera llevado a la justicia civil, por considerar, primero, que el fuero militar sólo aplica para delitos contra la disciplina castrense; y, en segundo término, porque no confía en la imparcialidad de los jueces del Ejército.

Se prevé que algunos ministros cuestionen este juicio desde su raíz, porque estiman que la esposa ni siquiera tiene derecho, como víctima del delito, de impugnar la decisión. De ser así, el caso se desecharía sin que el máximo tribunal del país se meta a revisar el tema del fuero militar.