La Procuraduría General de la República (PGR) defendió ayer la solidez de las pruebas aportadas en la investigación sobre la matanza de 45 indígenas tzotziles en Acteal, Chiapas, pero manifestó su decisión de respetar la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso.

Ayer, EL UNIVERSAL publicó que la Corte, tras analizar los expedientes del caso, determinó que la PGR fabricó pruebas y testigos e incurrió en una serie de irregularidades al integrar la averiguación previa, y concluyó que al menos 40 indígenas —también tzotziles— acusados por la masacre son inocentes y deben ser liberados.

“En su momento, la PGR consideró sólidas y suficientes las pruebas aportadas. Tan es así que los jueces dictaron una sentencia”, manifestó la PGR por medio de su vocero Ricardo Nájera Herrera, en respuesta a las conclusiones del máximo tribunal.

En los tres meses posteriores a la matanza, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, la PGR inició 13 averiguaciones y detuvo a 87 indígenas y 15 funcionarios de segundo y tercer nivel, que recibieron sentencias menores a ocho años de prisión, salvo el ex alcalde de Chenalhó, Jacinto Arias, quien sigue preso.

Las irregularidades

La dependencia sustentó la hipótesis de que el motivo de la masacre fue un conflicto por la posesión de un banco de arena, junto con el asesinato del hijo del líder de un grupo antagónico al de Las Abejas, del que formaban parte los indígenas asesinados.

En el curso de la investigación, la PGR presentó declaraciones escritas en español de testigos que ni siquiera escribían en su lengua, y desestimó confesiones de cinco detenidos que admitieron haber cometido la matanza y exculparon a los demás procesados.

La defensa de los sentenciados argumentó también en el amparo que durante la investigación desapareció evidencia relevante para el caso, que se alteró la escena del crimen, que el Ministerio Público sustrajo del reclusorio a inculpados, de manera ilícita, y fabricó testimonios, entre otras irregularidades.