La Secretaría de la Función Pública (SFP) tomó bajo resguardo las instalaciones de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Pemex, allanadas el miércoles como parte de la investigación por robo de combustible que involucraría a empleados de la paraestatal.

La indagatoria quedó radicada en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, donde ayer comparecieron 10 empleados de esa gerencia, quienes quedaron en libertad luego de rendir declaración en calidad de testigos.

Además, hoy arribarán a esta ciudad una decena de funcionarios de dicha oficina, provenientes de distintas zonas del país, para rendir su declaración en torno al caso.

La vocera de la SFP, Alicia Cárdenas, informó que las investigaciones de este caso se efectúan desde hace ocho meses.

Desde Costa Rica, donde realiza una visita de Estado, el presidente Felipe Calderón aseguró que en lo que va de su administración, se ha “detectado y atrapado actividades de desvío” de robo de combustibles en más de 600 puntos de la red de distribución de Pemex.

Ratificó el compromiso de su gobierno de atacar al crimen organizado dentro y fuera de la administración pública federal.

Por ello, dijo el presidente Calderón, se realizó un operativo en las oficinas de la paraestatal.

La PGR informó, por su parte, que el general Miguel Estrada Martínez, responsable de la Gerencia de Seguridad Física, está coadyuvando en las investigaciones en razón de su cargo, pero aclaró que no existen imputaciones en su contra y no fue requerido para declarar ni siquiera como testigo.

La presunta participación de servidores públicos de Pemex en el robo de combustible, que de acuerdo con datos de la paraestatal le representa pérdidas anuales por 12 mil millones de pesos, deriva del descubrimiento de una red delictiva que extraía el combustible ilegalmente para comercializarlo en México y Estados Unidos.

La organización era encabezada por el ex dirigente estatal del PRD en Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien pagaba protección al cártel del Golfo para perpetrar el robo de combustible.

La PGR detectó más de 70 compañías que adquirieron diesel robado a través de dos empresas, Procesadora de Especialidades Industriales, basada en Poza Rica, Veracruz, que enviaba el combustible robado a la Transportadora Autoexpres Especializados Teoloyucan (TAETSA) ubicada en el estado de México, encargada de distribuirlo.

Entre octubre de 2005 y marzo del presente año, la PGR inició 489 averiguaciones previas por extracción ilegal de combustible y consignó a 96 personas.

Las computadoras y documentación asegurada quedaron a disposición de la SFP.