Desde el año 2000, solamente siete empleados o funcionarios han sido cesados por diversos ilícitos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en tanto que otros 726 han sido suspendidos o inhabilitados hasta por 20 años, además de haber recibido una sanción económica. Varios regresan tras cumplir sus sanciones.

Según los datos, en los primeros tres años de gobierno del ex presidente Vicente Fox se registró el mayor número de sancionados, con 309, de los cuales seis fueron cesados. En el arranque del actual sexenio se incrementó el número de servidores públicos inhabilitados, con 10, 15 y hasta 20 años, pero sin un solo cesado.

Corrupción en varios niveles

De acuerdo con la relación de personal que ha sido sancionado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), las redes de corrupción van desde pagadores, analistas, jefes de unidad, técnicos, jefe de proyectos, subdelegados y coordinadores distritales, y sólo hay dos sancionados vinculados directamente al Procampo.

Se trata de Wilfrido Cuéllar Rosas, coordinador distrital del programa, que fue suspendido 10 días por negligencia administrativa; está en su cargo desde el 10 de octubre de 2007. Del sexenio pasado, Aureliano Morales García fue también suspendido como coordinador de Procampo.

El lunes pasado, EL UNIVERSAL publicó un reportaje que revela que, en los últimos 15 años, los recursos del Procampo han sido utilizados para beneficiar a gobernadores, diputados, grandes empresarios e incluso narcotraficantes.

Sólo faltas administrativas

Según la relación de la SFP, los sistemas anticorrupción han servido solamente en tres ocasiones en la Sagarpa para detectar a altos funcionarios en la comisión de alguna falta de tipo administrativo.

En esta breve lista están José Alberto Cecilio Arredondo Cueto, coordinador administrativo de la oficina del secretario, quien fue inhabilitado en el 2005 por distintas irregularidades, y podrá volver al servicio público en el año 2023.

Otro más es el ex delegado Jorge Anaya, quien fue destituido, además de haber recibido una sanción económica, y Roberto Giesemann, ex presidente ejecutivo de la Sagarpa, quien fue inhabilitado por 20 años, por lo que podrá regresar hasta el 2026.

Cabe destacar que el regreso de personal sancionado por actos de corrupción en la Sagarpa es viable, y como ejemplo está Sabino Nava Cruz, quien fue inhabilitado por cinco años como jefe de la Unidad de Recursos Financieros adscrito al distrito de desarrollo de esa dependencia, en 2002.