El padrón de beneficiarios de Procampo ha sufrido una depuración “natural” a través de los años, hasta quedar con una base actual de 2.7 millones de beneficiarios, poseedores de 14.2 millones de hectáreas. Sin embargo, se carece de una herramienta eficaz para detectar si los recursos obtenidos se aplican en la superficie. Tampoco existe una vía expedita para suspender la ayuda a personas relacionadas con el narcotráfico o sus familiares, de acuerdo con declaraciones de funcionarios responsables del programa.

“Ustedes imagínense verificar 14.2 millones de hectáreas en un año agrícola. Estamos hablando de años agrícolas. El costo de supervisión de la tierra y de pagarle a la gente para poder llegar al campo sería tan grande que no valdría la pena repartir el subsidio”, dice en entrevista Ana Gabriela Aguilar Antuñano, directora en jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), de quien depende la coordinación de Procampo.

La ausencia de un sistema eficiente, que permita transparentar esos recursos, permitieron por años que narcos y sus familiares recibieran dinero público al ostentarse como productores, dicen analistas. Durante los mismos 15 años, funcionarios relacionados con la operación de Procampo o parientes suyos han figurado igualmente en el padrón de beneficiarios, lo que está prohibido por el artículo sexto del Acuerdo que Modifica las Reglas de Operación de los programas de la Sagarpa.

Servidores infringen acuerdo oficial

Dicho artículo establece lo siguiente:

“Bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas y componentes de las presentes reglas de operación, los servidores públicos de la Secretaría, de los agentes técnicos o las secretarías de desarrollo agropecuario o sus equivalentes de las entidades federativas, o de los municipios, así como sus cónyuges o parientes consanguíneos o demás personas que al efecto o con sujeción a las disposiciones que prevean las legislaciones federal y estatales aplicables en materia de responsabilidades de los servidores públicos”.

Si bien existen mecanismos para, eventualmente, dejar fuera del beneficio a narcotraficantes o sus familias, la dependencia no citó informes precisos sobre la forma en que se controla el reparto de subsidios entre funcionarios relacionados con los programas ni tampoco de su parentela.

Si existen datos fehacientes de criminales beneficiarios, se ordena la suspensión inmediata del subsidio, asegura Rodolfo González Muñoz, coordinador general jurídico de la Sagarpa.

“Tenemos una estrecha coordinación tanto con la PGR como con la Sedena y la Secretaría de Marina”, refiere. “Cuando detectamos esto (presencia de narcotraficantes), evidentemente suspendemos los apoyos hasta en tanto no se aclare, no tanto por un asunto digamos de que sea una siembra ilícita, sino por una congruencia en la política pública”.

De acuerdo con información de beneficiarios, condensada por Fundar, Centro de Investigación y Análisis AC, decenas de personas señaladas por sus vínculos con el tráfico de drogas dispusieron de recursos públicos hasta el ciclo anterior. González no supo precisar la cifra de a cuántos de ellos se les ha suspendido el subsidio.

“No somos autoridad para preservar justicia”

“No tengo la cifra, pero le puedo decir que ha sido incremental”, dice. “Nosotros tenemos mucho cuidado en difundir esta información porque no partimos de una investigación, no somos una autoridad de preservación de justicia; nosotros somos una entidad que tiene uno de los programas, que es Procampo. Tenemos ocho programas en la Sagarpa, 55 mil millones de pesos”.

Con políticos que aparecen como beneficiarios en cantidad extraordinaria, Aguilar Antuñano dice a su vez que no se trata de alguna irregularidad.

“Un productor de dos hectáreas no va a invertir en alta tecnología para sembrar maíz porque los granos y oleaginosas son intensivos en capital, no en mano de obra”, explica. “Entonces el ingreso que le va a dar de dos hectáreas, ni siquiera puede poner tractores y riego. (…) Lo que vemos es un esquema de incremento en escala por renta”, lo cual explicaría que, por ejemplo, una misma persona aparezca hasta 131 veces como beneficiario.

Es un esquema de repartición que no produjo efectos negativos, sino todo lo contrario, sostiene la funcionaria federal.

“Si ustedes ven cómo se empieza a desarrollar el sector primario y agroalimentario a partir de que empiezan a diversificarse los instrumentos de política agroalimentaria y comenzamos a quitar los pactos, van a ver que la producción de leche crece, la producción de carne de bovino crece, lo mismo que la producción de puerco, que la producción de pollo”. Sin embargo, en el sector de granos y oleaginosas no ocurrió lo mismo.

Ahí es, acepta, “donde vemos un crecimiento mucho más lento, porque tenemos estructuras de producción, unidades de producción muy fragmentadas, y si nosotros nos ponemos a ver de qué manera un productor de dos hectáreas puede incrementar sus rendimientos, pues es muy complicado para ese productor de dos hectáreas, porque invertir semilla mejorada, riego, fertilizante especializado, aplanar suelo… pues no sale costeable para su producción de dos hectáreas”.

Procampo, como sea, “tiene importancia económica y social para los productores beneficiarios”.