Héctor Castillo Valenzuela es dueño de una parcela de tres hectáreas en el ejido la Hulería, en Balancán, Tabasco. Desde 1995 es beneficiario del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo). En estos 14 años recibió 32 mil 772 pesos, dinero con el cual su tierra, dedicada a la siembra de maíz, se haría más productiva para poder competir con sus pares de Estados Unidos y Canadá, frente a la apertura agrícola de la frontera. Ese objetivo no se alcanzó para él ni para 4 millones 351 mil 763 productores, que representan 80% del padrón. A ellos se les ha repartido 27% de los recursos.

Jesús Manuel Patrón Montalvo también es beneficiario de estos apoyos. De 2000 a 2004 recibió 12 millones 270 mil 763 pesos, tanto de Procampo como del programa Ingreso Objetivo, destinado a favorecer la comercialización de las cosechas. Sus tierras, ubicadas en Navolato y Culiacán, Sinaloa, están dedicadas a la siembra de maíz y frijol. Este agricultor es uno de los 54 mil 397 productores (1% del total) que han recibido 25% del dinero destinado a apoyar al agro nacional.

El abismo entre los subsidios recibidos por el agricultor tabasqueño y el sinaloense hace del Procampo un programa que refuerza la desigualdad existente entre los productores grandes y pequeños, opina Jonathan Fox, investigador de la Universidad de Santa Cruz, California, quien se ha dedicado desde 1982 a estudiar el campo mexicano.

Desaire a los pobres

Salvo breves momentos históricos, la política agropecuaria nacional ha sido sesgada hacia los productores más poderosos, las zonas de riego y los estados del norte del país, comenta el académico. “La política agraria siempre ha favorecido a los ganadores y un sistema que favorece a los ganadores produce perdedores”, advierte Fox.

Hay una notoria captura del programa por parte de los agroindustriales más poderosos del país y de funcionarios del sector. Informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revelan que hay una concentración en la forma en la que se obtienen los subsidios, en función de acceso a información relevante.

En el estudio “Los programas de subsidios al campo: Las razones y las sinrazones de una política mal diseñada”, Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señala que desde 1994, año en que se puso en marcha el Procampo, se han detectado “la captura y el uso político de los subsidios y muy poca vigilancia pública”.

Miguel Pulido, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, define que un programa social se captura cuando un sector con capacidad de influencia y con una relevancia política o económica se queda con los beneficios de una política pública que tenía otro destino.

El Procampo tenía por objeto que el pequeño agricultor se hiciera productivo, al recibir apoyo para la compra de insumos e implementos que requiere para la siembra; sin embargo, “por el sesgo con que se ha manejado, terminó convirtiéndose en un programa para administrar la pobreza”, explica Pulido, quien colabora en la sistematización de datos de la página www.subsidiosalcampo.org.

Cuando se diseñó el programa se buscaba que hubiera una aproximación con respecto a los apoyos que recibían productores de Canadá y Estados Unidos, para que los mexicanos fueran competitivos. “La devaluación de la moneda mexicana ha sido otro factor en contra de los pequeños productores, además del incremento de los insumos, del fertilizante y las semillas mejoradas”, argumenta.

Los 970 pesos que recibían, hasta este ciclo agrícola que se incrementó a mil 300 pesos, ya no alcanzan para pagar los insumos mínimos. “Hay una pérdida de incentivo para que la gente se dedique a la actividad productiva del campo”.

Defensores del programa o de su interés

La conformación del padrón de Procampo se hizo poco antes de las elecciones de 1994, cuando Carlos Salinas era presidente de la República y Carlos Hank González secretario de Agricultura.

En el primer manual de operaciones de Procampo se observa que las “reglas estaban diseñadas para dotar de capacidad de decisión a las principales organizaciones de productores”, señala Merino en su investigación. La opinión de los líderes de esos grupos se toma en cuenta, hasta la fecha, para la definición de la lista de beneficiarios.

Los gobernadores, los presidentes municipales y las principales organizaciones de campesinos han mantenido una fuerte pugna política por controlar los padrones de beneficiarios y los pagos. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, coordinador de Apoyos de Procampo, reveló a Merino que los gobiernos de los estados buscan que se incremente cada año el presupuesto del programa y que ellos tengan margen de maniobra sobre los recursos.

La crisis en la que se encuentra el campo, que con programas públicos no se ha podido paliar, ha sido motivo de enfrentamientos políticos entre gobernadores de los estados más favorecidos, diputados y los propios funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), quienes proponen una depuración del padrón, el cual ha sufrido mínimas modificaciones desde su conformación.

Sinaloa es el estado más favorecido con los apoyos. De 1994 a 2008, 86 mil 892 agricultores de esta entidad han recibido 18.3 mil millones pesos, que equivalen a casi 10% del gasto total, calculado en 171 mil millones de pesos. Entre los menos beneficiados está Guerrero. Ahí, 116 mil 498 productores han recibido en total 4.63 mil millones de pesos. Estas cifras muestran que “Procampo está diseñado para repartir algo entre muchos y mucho entre pocos”. O lo que es lo mismo: “Algunas migajas para los pequeños y fuerte trozos del pastel para los grandes”, comenta Jonathan Fox.

En el estudio realizado por el investigador del CIDE se señala que esta política ha ampliado la brecha entre un norte del país “desarrollado y el sur atrasado”. Parece, dice Mauricio Merino, que el programa de apoyo al campo está orientado a que los estados del norte-occidente sean más productivos y competitivos, mientras que el sur-centro, aquejado por la pobreza, debería mantenerse con muy bajos niveles de producción.

Rechazan las iniciativas “Robin Hood”

Los recursos del Procampo se entregan según el número de hectáreas productivas. Este año se propuso poner un tope máximo de 100 mil pesos de apoyo a propietarios de grandes extensiones de tierra e incrementar la ayuda a los agricultores pequeños. La primera medida se aprobó. De la segunda, dedicada a los más desprotegidos, sólo se aceptó un aumento cercano a 300 pesos por hectárea.

“Hay fuertes intereses que están en contra de las iniciativas ‘Robin Hood’, quitarle a los ricos para darle a los pobres”, comenta Fox. El propósito de apoyar al campo quedó relegado a una política social. “Los pobres pueden ser recipiente de la beneficencia pública pero no de la inversión”.

Víctor Suárez Correa, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, advierte que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la política neoliberal y la modificación al artículo 27 constitucional, el gobierno da señales de que sus planes son desmantelar la producción en pequeña y mediana escala, depender de la importación, expulsar a la mayor parte de la población campesina y reconcentrar tierras y recursos naturales en pocas manos, con el pretexto de que sólo la producción en gran escala es competitiva en un mercado abierto y global. Es una cuestión falsa, porque la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reconoce que, a partir de la crisis alimentaria, el único potencial que existe para aumentar la producción de alimentos es fortalecer a la pequeña y mediana agroindustria.

El “procampeo” entre los funcionarios

El campesino tabasqueño Héctor Castillo Valenzuela espera endeudado el depósito de 3 mil 360 pesos, mil 120 por cada hectárea que siembra. “Ya tengo mi tarjeta del banco, pero todavía no me cae el dinero. La mayor parte ya se la debo al de la tienda, que me ha estado prestando”, se quejó ante uno de los líderes campesinos de su localidad.

Mientras la Sagarpa continúa con la “bancarización” de los beneficiarios del programa, la corrupción, que por años ha existido en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), no para.

Suárez Correa relata que los delegados estatales “negocian” con los productores el trámite del refrendo de su apoyo, mismo que se realiza cada ciclo agrícola. Los funcionarios “usan el verbo procampear para describir sus cochupos. “¿Ya procampeaste? ¿Cómo va el procampeo? Ya me procampearon”. Algunos de estos empleados, dice, exigen hasta 20% del total del cheque antes de entregarles el apoyo a los campesinos.

En 2008, decenas de indígenas tarahumaras beneficiados con el Procampo se quedaron sin el dinero porque en la región no hay cajeros automáticos, además de que muchos de ellos no están habituados a hacer movimientos bancarios, por lo que este año la dependencia federal les tuvo que hacer llegar los recursos en cheques. Como ha ocurrido en los últimos años. Una parte de ese dinero se quedará en los bolsillos de quienes hacen los trámites, lamenta Suárez Correa.

En suma, el objetivo del Procampo se desvió. El programa de subsidio al campo se convirtió en un “medio utilizado por el Estado mexicano para mantener vigentes sus redes políticas en el medio rural del país. En el mejor de los casos, ha servido para producir paz social”. Las condiciones de igualdad entre los campesinos mexicanos y sus competidores de Estados Unidos y Canadá se quedaron muy al principio del camino, concluye Merino en su investigación.