WASHINGTON.— La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, rechazó ayer que el gobierno de Felipe Calderón “solape o se haga de la vista gorda” ante las denuncias de violación a los derechos humanos que han puesto en entredicho la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y desestimó, por “falta de evidencias”, las acusaciones formuladas en un reportaje de The Washington Post en el que se recogen los testimonios directos de civiles presuntamente torturados por elementos del Ejército y se consignan las 2 mil quejas y denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).Además, reveló el envío de una carta aclaratoria al periódico (aún no publicada) donde el gobierno de México manifestó su inconformidad con el contenido de la publicación que, además, fue incorporado el 9 de julio al debate y análisis del Congreso en una audiencia dedicada a revisar la amenaza de los cárteles de la droga contra la seguridad nacional de México y Estados Unidos.
Las denuncias de tortura, violaciones y redadas ilegales llamaron la atención de los congresistas y de los máximos responsables de la lucha antinarcóticos en Estados Unidos.
Tras sus encuentros con la secretaria de Estado, Hillary Clinton y con miembros del Congreso que han respaldado la liberación de la totalidad de los fondos de la Iniciativa Mérida, la canciller mexicana hizo una encendida defensa de las controvertidas actuaciones del Ejército en la lucha contra los cárteles de la droga y descalificó el reportaje elaborado de The Washington Post.
En el reportaje de ese periódico —consideró Espinosa— “no se presentan evidencias” y “lo que nosotros hemos sostenido es que, si hay evidencias y hay un caso que perseguir, pues el gobierno del presidente Calderón (actuaría en consecuencia) porque nunca estaría solapando o haciéndose de la vista gorda ante este tipo de situaciones”.
En el reportaje de The Washington Post se deja constancia de los testimonios recogidos en Puerto Las Ollas, Guerrero, donde víctimas de amenazas y tortura hablan de los operativos y maltrato del Ejército para hacerse de información sobre narcos.
Respetar derechos humanos, defendió la canciller ante corresponsales mexicanos, “es una prioridad del gobierno de México y por ello no hay forma de pensar que desde el gobierno estemos alentando una lucha contra el crimen organizado fuera de la ley”.