Debido a las violaciones cometidas por militares y policías en materia de derechos humanos, organizaciones de Estados Unidos y México pidieron al gobierno de Barack Obama retener 15% de los fondos de la Iniciativa Mérida destinados al gobierno mexicano para el combate al crimen organizado.

Ante la cercanía del primer informe que deberá presentar el Departamento de Estado al Congreso de EU como condición para liberar esos fondos, organizaciones como la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) solicitaron frenar los recursos al considerar que México no ha demostrado avances en su obligación de investigar y sancionar a los responsables por violaciones a los derechos humanos.

Maureen Meyer, encargada del Programa para México y Centroamérica de WOLA, afirmó que “hemos visto un preocupante aumento en el número de quejas de violaciones cometidas por militares, en particular donde hay una gran presencia militar en operativos antidroga”.

En México, cinco organizaciones enviaron un documento al Departamento de Estado y al Congreso de EU para frenar apoyo económico (15%) a México de la Iniciativa Mérida.

Encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) denunciaron que la “militarización” de los operativos contra el crimen organizado lejos de mejorar las condiciones de seguridad mantienen en ascenso las ejecuciones relacionadas con el narco y a su vez, han implicado un incremento de los abusos cometidos por militares contra civiles.