Un criterio de la Corte de hace un par de semanas que garantiza el acceso a la información sobre medio ambiente será la base para que cualquier persona solicite la ubicación de los más de 297 sitios altamente contaminados que ha identificado y ocultado el gobierno federal.

Luis Miguel Cano —integrante del Proyecto de Litigio Estratégico de Fundar, quien recientemente ganó un juicio al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y a DuPont para que dieran a conocer información de la empresa relacionada con algunas de sus actividades que podrían ser contaminantes y dañinas para el medio ambiente— considera que la decisión del gobierno de ocultar la ubicación de los sitios contaminados con el pretexto de no provocar alarma entre la población, es contraria a las obligaciones de transparencia que tienen las autoridades.

La Corte, recordó, determinó el primero de 1 julio pasado que la información medioambiental debe ser pública porque el medio ambiente, y en general, el entorno ecológico son fenómenos colectivos que afectan y conciernen a todos, pues son condiciones naturales que se requieren para el adecuado desarrollo de personas y su salud y tienen un impacto en múltiples aspectos de la vida nacional.