Los altos índices de violencia que se viven en el país provocaron miedo y temor entre los ciudadanos por lo que muchos se abstuvieron de ir a votar, de acuerdo con un informe de la Fundación Murrieta, organización que fue financiada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para vigilar la jornada electoral del 5 de julio.

Según la investigación, de las 300 personas encuestadas en 12 estados del país donde existe fuerte presencia de grupos del narcotráfico como Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Distrito Federal, entre otros, refirieron que la delincuencia organizada financió las campañas de candidatos de diversos partidos políticos.

Marco Antonio Hernández, presidente de la fundación, explicó que en su estudio se expone la percepción de la población de 60 distritos electorales, que en su mayoría, dijeron que los grupos delictivos asumen funciones gubernamentales como cobrar impuestos y otorgar seguridad a los ciudadanos.

Señaló que en el caso de Guerrero, las personas entrevistadas refirieron que la iglesia católica tiene un fuerte vínculo con grupos delincuenciales

Como parte del “Proyecto de Apoyo a la Observación Electoral 200”” el PNUD financió 26 organizaciones de la sociedad civil para realizar observación electoral el 5 de julio.

Ricardo Pozas Horcasitas, presidente del Comité Técnico de Evaluación de dicho proyecto, aclaró que el PNUD difunde los resultados de la observación electoral y que cada organización es responsable de sus informes.

El estudio en 12 entidades

Durante la presentación de los resultados, dijo que el PNUD sólo brindo apoyo técnico y financiero a las organizaciones, que fueron elegidas por la originalidad de sus proyectos, innovación, zona geográfica, grupos vulnerables, no repetición, focalización del objeto y disponibilidad presupuestal.

De las 26 organizaciones, sólo la Fundación Murrieta enfocó su estudio a cómo impactó el crimen organizado y la delincuencia organizada durante la jornada electoral.

La Fundación Murrieta realizó su estudio en 12 entidades del país con mayor presencia de grupos del narcotráfico.

De acuerdo a los informes presentados por las organizaciones de la sociedad civil, se detectó que durante la elección intermedia, se pusieron en marcha viejas prácticas como la compra del voto, uso de programas sociales y acarreo.

La organización también detectó que los funcionarios de casilla para la elección federal, estatal y municipal no tenían la preparación adecuada.