Especialistas en seguridad consideraron necesario replantear la participación del Ejército en el combate al crimen organizado para que, de continuar en ella, los militares estén sujetos a controles de las autoridades civiles que eviten violaciones a los derechos humanos.

En entrevistas por separado, los investigadores Elena Azaola y René Jiménez Ornelas afirmaron que el gobierno federal debe comenzar un proceso de retorno del Ejército a sus cuarteles, e incluso replantearse el fuero de guerra, ya que la conducta de los militares en funciones que le son ajenas debe ser sancionada por autoridades civiles.

EL UNIVERSAL publicó ayer que el despliegue de fuerzas federales en el combate al narcotráfico ha generado un incremento en los casos de desapariciones forzadas, tortura, asesinatos y consignación de inocentes en Ciudad Juárez, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, funcionarios municipales y asociaciones de abogados.

René Alejandro Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que debe replantearse el fuero de guerra, y que las faltas o delitos cometidos por militares en tareas de seguridad pública y combate al narcotráfico sean llevadas a tribunales civiles.

Sin embargo, consideró que retirar en estos momentos al Ejército del combate al narcotráfico sería un error más grave que el cometido al asignarlo a esta función, pues se corre el riesgo de ceder a los narcotraficantes las plazas que están disputándose con la presencia militar como único obstáculo.

“Siempre que se saca al Ejército a las calles actúa como ha sido entrenado. Por eso hay que comenzar el proceso de regreso de militares a sus cuarteles y a las funciones que deben cumplir, que son las de apoyo a ciudadanos, y no de seguridad ni de combate al narcotráfico”.

Rechazo al fuero de guerra

Elena Azaola, coordinadora de la Red de Especialistas en Seguridad Pública, consideró que debe abrirse una vía para investigar y sancionar esas conductas por parte de integrantes del Ejército que no sea el fuero de guerra, pues los resultados de sus medidas disciplinarias no son conocidos por los ciudadanos.

“Debe abrirse un proceso de debate sobre quién revisa al Ejército y su actuación, porque ellos se someten a sus autoridades, pero no hay pruebas de las sanciones que imponen los tribunales militares a quienes violan derechos humanos, tal parece que se ha ampliado el fuero militar a estos casos y no tenemos datos sobre ellos, Prueba de esto es que incluso organismos como HRW le ha pedido al Ejército información al respecto.