WASHINGTON.— La organización Human Rights Watch (HRW) se manifestó ayer porque la administración del presidente Barack Obama “exija enérgicamente” al gobierno de México el cumplimiento de requisitos de derechos humanos de la Iniciativa Mérida y retenga 15% de los fondos asignados bajo ese esquema de cooperación bilateral, hasta que el gobierno mexicano garantice que todas las acusaciones de violaciones perpetradas por elementos del Ejército “sean investigadas y juzgadas por la autoridad civil”.

“No queremos que el Departamento de Estado sea sorprendido y se apresure a certificar y entregar unos fondos que son cuantiosos (más de 100 millones de dólares) hasta que haya una respuesta satisfactoria”, aseguró José Miguel Vivanco, director de HRW, al considerar que la petición tiene como fin “fortalecer a las instituciones democráticas y al estado de derecho en México”.

En la carta dirigida a la secretaria de Estado, Hillary Clinton —y en los informes detallados que han sido distribuidos profusamente en el Capitolio—, la organización manifiesta su preocupación por “la creciente cantidad de abusos graves cometidos por los militares durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, tales como violaciones sexuales, asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias, y porque los autores de tales delitos no son debidamente investigados ni juzgados”.

Denuncias se sextuplicaron

“La cantidad de denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por militares mexicanos se ha sextuplicado en los últimos tres años, desde que el presidente Felipe Calderón Hinojosa desplegó aproximadamente a 40 mil efectivos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado”, denunció el presidente de esta organización no gubernamental, Kenneth Roth, en la carta dirigida a Hillary Clinton.

“La cantidad de denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue de 182 en 2006; de 367 en 2007 y de mil 230 en 2008”, aseguró Roth para dejar constancia de la alarmante progresión de los casos de crímenes, violaciones, redadas ilegales y torturas atribuidos a elementos del Ejército mexicano en su cruzada contra los cárteles de la droga en la que la población civil se ha convertido en víctima del fuego cruzado.

Para esta organización defensora de los derechos humanos las razones que han contribuido al crecimiento exponencial de los abusos y denuncias por parte de las fuerzas armadas están en relación directa con las “fallas estructurales del sistema de justicia militar”, ya que el secretario de la Defensa “ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales” y en la que “prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares”.

Por tal razón, esgrime Roth, “en los últimos 10 años, los tribunales militares mexicanos —que habitualmente asumen la jurisdicción para investigar los abusos cometidos por elementos del Ejército contra civiles— no han condenado a un solo miembro de las fuerzas armadas acusado de cometer una violación grave de derechos humanos”.

La carta enviada a Clinton se produce a sólo unos cuantos días de que el zar antidrogas de EU, Gil Kerlijkowske, confirmara tras una audiencia en la Cámara baja que ha entrado en contacto con el gobierno de México y el Departamento de Estado para discutir las denuncias de tortura, violaciones y redadas ilegales que han sido denunciadas por organizaciones como HRW y han encontrado eco en diversos medios de comunicación.