La madrugada del 23 de junio, el matrimonio Díaz de León-Arestegui despertó al escuchar que alguien trataba de entrar a su domicilio. Carlos, el esposo, nunca imaginó que los intrusos eran 35 soldados y policías ministeriales adscritos a la SIEDO que lo detendrían junto con su padre por casi ocho horas, sin explicación alguna.

Los agentes y militares irrumpieron en la casa, ubicada en una privada de la colonia Tlacopac San Ángel, echando abajo la puerta y sin orden de cateo. Siempre cubiertos con pasamontañas, amagaron y golpearon a sus ocupantes, incluso a Denisse Marel, la esposa, embarazada de ocho meses, a quien tomaron fotografías y video en ropa interior, y se llevaron consigo dinero, joyas, documentos y otros objetos de valor.

Los hechos constan en la denuncia con folio 42-734 que presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) Carlos Díaz de León del Pozo, su padre Carlos Díaz de León Velázquez, y su esposa Denisse Marel Aristegui, por robo, lesiones, privación ilegal de la libertad daño, en propiedad ajena, abuso de autoridad y lo que resulte en contra de los participantes en el operativo.

Golpearon al papá

Carlos, abogado de profesión, cuenta que los agentes y soldados se negaron a identificarse, aunque algunos dijeron ser ministerios públicos, y los acusa de golpear a su padre, de 74 años, quien está enfermo (lo que acreditó con constancias médicas).

Su hijo, de dos años, fue obligado a permanecer en otra habitación junto con la empleada doméstica, ambos vigilados y encañonados, durante las casi dos horas que estuvieron agentes y soldados en su casa.

“No se nos permitió realizar llamada alguna y también fuimos objeto de un riguroso interrogatorio sobre a qué me dedicaba, dónde se encontraba la caja fuerte (no tiene ninguna en la casa), de quiénes eran los vehículos y que cuántos tenía”, relata.

Agentes y militares también filmaron y se llevaron copias de estados de cuenta y otros documentos financieros de Carlos y, terminada su operación, lo trasladaron junto con su padre, en autos separados, a instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Fue ahí donde se enteró que él y su padre iban en calidad de presentados porque, paradójicamente, se había recibido una llamada anónima en la que se denunciaba que Carlos Díaz estaba secuestrado.

Después de casi ocho horas de permanecer en la SIEDO, Carlos y su padre fueron informados de que podían retirarse. Al solicitar copias del acta o averiguación iniciada se les respondió “No hay nada. Aquí no damos copias”.

Carlos, su padre y su esposa denunciaron lo ocurrido ante la Procuraduría de Justicia Militar, la Defensa Nacional y la PGR. También notificaron a la Presidencia y presentaron una queja en la CNDH.

La incursión en el domicilio de Carlos y Denisse ocurrió dos días antes del publicitado operativo entre el Ejército y la PGR contra el narcomenudeo en el centro de la ciudad.