La idea de integrar fuerzas de autodensa armadas y avaladas por las autoridades, no sólo generaría mucho más violencia, sino que además demostraría que el Estado mexicano prácticamente abdicó a una de sus principales funciones, la de garantizar la seguridad y el bienestar de la población, coincidieron representantes de diversos sectores sociales y políticos del país.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, advirtió que la intención de la comunidad de Le Barón en Galeana, Chihuahua, de armarse es una muestra del “fracaso” del poder público para garantizar la seguridad de ciudadanos.

Soberanes criticó la propuesta del gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, de impulsar con capacitación y armas la creaciónde un grupo de autodefensa con placa y uniforme.

—¿Qué opinión tiene de la posibilidad de que el pueblo de Le Barón se armara y asumiera su autodefensa?

—Sería el fracaso del Estado. Antes de que suceda esto pongamos el remedio. No podemos permitir que a nuestro país vuelva la ley de la selva, donde cada quien se defiende como puede. —El gobernador Reyes Baeza ha planteado que personas de la comunidad se integren a la academia de policía, sean entrenados y ellos protejan a su comunidad con una placa, uniforme y un arma, ¿cómo ve la propuesta?

—Pues mal. Porque para qué tenemos una organización política, un estado de Derecho si estamos pidiendo volver otra vez a la autodefensa. El Estado tiene que responder a la obligación de dar a sus ciudadanos seguridad pública. Entonces para qué tenemos Estado, para qué pagamos impuestos, para qué tenemos ley. En este sentido yo lo veo mal. Y no me refiero nada más al gobierno de Chihuahua, me refiero al Estado mexicano en su totalidad.

Soberanes aseguró que en los últimos meses el gobierno federal ha “vendido la idea” de que el Ejército tuvo que salir a las calles para dar seguridad pública, sin que haya verdaderamente resultados.

—¿Qué sucede si la gente empieza a tomar justicia por propia mano?

—Es muy clara la Constitución. El artículo 17 dice claro que ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar sus derechos. Entonces la justicia por propia mano está prohibida, para eso existen todos esos organismos del Estado.

Fracaso del Estado: Icaza

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez de Icaza, aseguró que la propuesta de crear “grupos de autoprotección ciudadanos” representa una “señal de alarma”, sobre todo porque el Estado mexicano estaría renunciando a su labor primordial de salvaguardar la seguridad de los mexicanos. “Este es un asunto sumamente peligroso y delicado”, dijo el ombudsman de la ciudad de México.

En su opinión, la propuesta del gobernador de Chihuahua José Reyes Baeza, representaría un reconocimiento de facto al fracaso de la autoridad de garantizar la seguridad a través de la justicia.

Afirmó que la idea de generar mecanismos que suplanten a los exprofesamente creados por el Estado para garantizar el bienestar de la población sería un “gravísimo error”.

Indicó que ese tipo de propuestas suelen generar problemas de otra naturaleza y que la creación de grupos de autodefensa generan una espiral de violencia.

“Este tipo de medias hay que tomarlas con mucha cautela”, expuso de Icaza, quien señaló que el Estado no debe abdicar a una de sus principales funciones que es la de garantizar el bienestar y la seguridad de sus gobernados.

PGR rechaza plan

La Procuraduría General de la República aseguró que la sociedad no debe asumir un papel de autodefensa y armarse para hacer frente a la inseguridad que se vive en sus comunidades.

Una estrategia de esta naturaleza “traería como resultado mayor violencia”, advirtió Ricardo Nájera Herrera, vocero de la institución.

“La sociedad no debe asumir una posición de autodefensa, no es a punta de pistola como se recuperarán los espacios”; advirtió.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo pidió apoyar la participación del Ejército en el combate contra el crimen, pero aclaró que ninguna comunidad puede armarse para repeler a criminales.

“El monopolio de la fuerza lo debe tener el Estado mexicano, nadie más debe tener la facultad de hacerse justicia por su propia mano”, puntualizó Paredes.

Sobre el tema, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, dijo que es un riesgo armar a civiles, porque los grupos delictivos tienen armas más poderosas.

Elena Morera, ex presidenta de México Unido contra la Delincuencia, consideró que es peligroso armar a la sociedad, cuando la responsabilidad de garantizar la seguridad es del Estado.

Por su parte, María Elena Herrejón, integrante de Movimiento Provecino, enfatizó que “si el gobernador no puede con el problema que renuncie”.

Meyer Klip, presidente de la organización no gubernamental Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, opinó que la opción de Reyes Baeza sólo es válida si se recluta a la gente interesada en participar en el proyecto, se le entrena, se le inscribe a las filas de la Policía, y se le paga por ello. (Con información de Alberto Cuenca, Claudia Bolaños y Ella Grajeda)