WASHINGTON.— En una audiencia en el Congreso, dedicada a discutir la amenaza de los cárteles mexicanos a la seguridad nacional de Estados Unidos, el zar antidrogas Gil Kerlikowske confirmó ayer una serie de contactos con el gobierno de México y el Departamento de Estado para discutir las denuncias de tortura, desapariciones forzadas y redadas ilegales a manos del Ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico.

“He hablado con el gobierno de México y el Departamento de Estado, porque los cargos (presentados contra el Ejército mexicano) son muy serios”, dijo Kerlikowske, al término de la audiencia en la que las denuncias de abusos del Ejército mexicano, publicadas ayer en un amplio reportaje de The Washington Post, fueron incorporadas de última hora al debate encabezado por el presidente del comité de supervisión de las acciones de gobierno, Edolphus Towns.

“Mientras los esfuerzos de México continúen para contrarrestar la amenaza de los cárteles de la droga, tenemos que dejar muy claro que Estados Unidos no tolerará abusos cometidos en nombre del Estado”, dijo el legislador, en alusión a que este tipo de denuncias comprometan más de 100 millones de dólares en asistencia de EU a México, ya aprobados en la Iniciativa Mérida.

En el reportaje publicado se deja constancia de los testimonios recogidos en la localidad de Puerto Las Ollas, Guerrero, donde las víctimas de amenazas y tortura hablan de los operativos y tácticas que han empleado unidades del Ejército para hacerse de información sobre los narcotraficantes.

La exposición de los supuestos abusos por parte del Ejército mexicano se incorporó así al análisis de la lucha contra los cárteles y obligó a las autoridades de EU a dar la cara por su aliado y vecino del sur, en una guerra donde el respeto de los derechos humanos se ha convertido en caballo de batalla de organizaciones humanitarias.

“Pensamos que esto demuestra que el tema de los derechos humanos tiene que seguir en la mesa de las negociaciones y que las futuras asignaciones de la Iniciativa Mérida tienen que poner un mayor énfasis en este terreno, en la reforma del aparato judicial y en la necesidad de profesionalizar a la policía y sacar al Ejército de esta lucha”, consideró Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA en inglés), presente en la audiencia.

A su vez, el zar de la seguridad fronteriza, Alan Bersin, aseguró que aunque los alegatos contra el Ejército mexicano “son muy serios y nos los estamos tomando muy en serio”, pidió no adelantar conclusiones antes de que su país certifique la actuación del Estado mexicano y sus Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos. “Tenemos que tener primero las pruebas antes de tomar cualquier decisión de recortar fondos” a la Iniciativa Mérida, insistió.