La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó para agosto la revisión de un caso que le permitirá definir si los militares pueden o no ser juzgados por civiles por los delitos que cometan cuando realizan labores de combate al crimen o de seguridad pública.

La Primera Sala del alto tribunal, integrada por tan sólo cinco ministros, decidió enviar el juicio al Pleno de la Corte para que sean los 11 ministros del alto tribunal, y no sólo ellos, quienes resuelvan el juicio de amparo que promovió la esposa de uno de los cuatro jóvenes que fueron asesinados por militares en marzo de 2008, en la comunidad de Santiago de Caballeros, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuando los confundieron con narcotraficantes pese a que en la camioneta en la viajaban y que fue baleada no portaban ni armas ni droga.

Dicho juicio fue atraído por la SCJN desde el 1 de abril del año en curso y en él han cifrado todas sus esperanzas los organismos no gubernamentales que buscan que el fuero militar se abra para que los elementos del Ejército que comentan violaciones de derechos humanos durante su participación en tareas de seguridad y lucha al crimen sean juzgados por civiles.

Buscan imparcialidad

En el caso en cuestión, de acuerdo con el abogado Luis Miguel Cano, en su calidad de víctima, la esposa del joven asesinado impugnó el hecho de que los cuatro presuntos homicidas —un oficial y cuatro elementos de tropa— de su difunto marido y de sus acompañantes sean juzgados por un juez militar, por considerar que no será imparcial a la hora de dictarles sentencia.

Después de revisarlo, el ministro José Ramón Cossío presentó un proyecto de sentencia en el que se propone entrar al estudio de fondo de este tema y el mismo fue agendado para ser resuelto en la sesión de ayer, pero a petición de algunos de sus compañeros, el caso se aplazó y se envió al Pleno.

Los integrantes de la Primera Sala llegaron a la conclusión de que por la importancia del tema debe ser el Pleno el que emita una sentencia que sirva de guía para todos los asuntos de este tipo.

Para que el juicio no se coloqué al final de la larga lista de asuntos que están en espera de resolución en el Pleno, se acordó pedirle al presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, que el tema sea agendado entre los asuntos a tratar en agosto; es decir, regresando de las vacaciones del alto tribunal.