Los resultados del Programa de Cárceles Concesionadas, puesto en marcha hace cuatro años, han llevado al gobierno chileno a adjudicar seis nuevas unidades penales, con lo que el número de establecimientos de este tipo llegará a 16, informó el ministro de Justicia de Chile, Carlos Maldonado Curti.

De visita en el país, como parte de la comitiva de la presidenta Michelle Bachelet, detalla el modelo chileno, retomado en parte para el proyecto mexicano de concesionar a la iniciativa privada la construcción de 12 nuevos penales federales, mediante un convenio de cooperación técnica.

En entrevista con EL UNIVERSAL dice que la incorporación de lo privado a la construcción y operación del sistema penitenciario de su país ha marcado “un antes y un después”, al grado de que para 2014, 40% de la población penitenciaria chilena estará en cárceles concesionadas.

Sin embargo reconoce que un sistema penitenciario moderno requiere no sólo de una infraestructura carcelaria eficiente, sino de la aplicación de medidas alternativas a la prisión.

“En Chile tenemos un sistema alternativo bastante desarrollado; la mitad de los condenados están sentenciados a acciones que se cumplen en libertad, sujeto a algún tipo de control y ciertas obligaciones”, explica el ministro.

Dice que de una población de aproximadamente 105 mil internos, 53 mil están en prisión y 52 mil en el sistema alternativo, con opciones como la remisión condicional de la pena, la libertad vigilada y la reclusión nocturna.

El programa de concesiones calcelarias, anunciado al inicio del gobierno del presidente Ricardo Lago, incluía 10 unidades penales para 16 mil internos. Seis de ellas ya están en operación y las otras cuatro en proceso. A fines de 2008 se anunció la concesión de seis más.

Asegura que en cuatro años ha habido una sola fuga en las cárceles concesionadas y una muerte violenta.

Esto es posible, dice, porque las celdas son individuales, los sistemas de tecnovigilancia mejores, y las instalaciones están diseñadas para tener una vista panorámica de los patios y los módulos, incluso sin necesidad de más personal.

Relata que la decisión política de concesionar las cárceles en Chile se tomó en el 2000, por dos razones: la antigüedad de la infraestructura penitenciaria y la sobrepoblación penal, problemas que, en mayor o menor medida, enfrentan los demás países de América Latina.

La concesión involucró no sólo el desarrollo de 10 complejos penitenciarios, sino también su operación, incluyendo los servicios básicos (alimentación, servicio médico, educación) y el programa de reinserción social.

El programa permitió al Estado orientar los recursos que habría destinado a esa infraestructura hacia otras prioridades sociales, y adoptar en el sistema penitenciario dos características de la iniciativa privada: la especialización y la eficiencia, explica.

“La labor propia del Estado es la vigilancia, la atención de los internos y generar condiciones para su reinserción, pero no prepararle el alimento, la ropa, o prestarle atención médica, hay especialización en el sector privado y hay mayor eficiencia de costo”.

Prisiones de calidad

El programa de reinserción y el diseño de los complejos son otra novedad. Cada uno cuenta con módulos para separar a los internos según su peligrosidad: alta, media o baja, en función de la cual se define el régimen carcelario.

“La idea es que los internos vean que el camino de la reinserción tiene también un reflejo durante el cumplimiento de la condena. El régimen de visitas, el horario, el régimen del interno es más o menos duro según el tipo de módulo que se trate”.

Para ello, tanto los particulares como el Estado asumen compromisos en el contrato de concesión cuyo incumplimiento implica una multa.

El Estado no puede exceder un cierto cupo de internos, mientras los concesionarios deben ofrecer servicios de calidad, dar mantenimiento a la infraestructura, y aceptar la vigilancia y fiscalización sobre el programa de reinserción social.

Al final de la concesión, pactada a un plazo de 20 años, el Estado puede licitar otra vez a menos que, por decreto, el presidente decida recuperar el control de las instalaciones, posibilidad que Maldonado ve muy remota.