Los papás de los niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedirle que cree una comisión que indague el caso, en ejercicio de su facultad de investigar violaciones graves a las garantías individuales, porque ya no confían ni en las autoridades estatales ni en las federales.

Durante una reunión que tuvieron, por separado, con el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y con el ministro Genaro Góngora Pimentel, los papás explicaron que tomaron esta decisión ante la sospecha de actos de corrupción, negligencia, complicidad y protección a los responsables, por parte de autoridades de ambos niveles.

En representación de los familiares de las víctimas, la abogada Giovanna Valenzuela Contreras reconoció que como particulares no tienen atribuciones para pedir al máximo tribunal del país que ejerza su facultad de investigación, por lo que apelaron al humanismo de alguno o todos los ministros de la Corte para que hagan suya la petición.

Ortiz y Góngora se comprometieron a presentar su petición ante el pleno para su análisis.

Para que prospere la solicitud, uno o varios ministros deben hacerla suya, a fin de que posteriormente el pleno determine si interviene en este caso y formalice una comisión investigadora.

La última comisión que creó la Corte fue para investigar violaciones graves a las garantías en Oaxaca, durante los conflictos magisteriales, políticos y sociales que se registraron en 2006. En este caso, las investigaciones ya concluyeron y se está a la espera de las conclusiones de la Corte.

“Ven sólo números”, lamentan

Después de reunirse con los ministros, Patricia Duarte Franco, mamá de uno de los niños que murió en el incendió, dijo que trataron de hacerles ver que el caso se está politizando y viendo como un asunto numérico, en el que se ha perdido de vista que la tragedia tiene un rostro, como el de su hijo —de quien mostró una fotografía— y el de los demás niños que fallecieron o que resultaron con lesiones para toda su vida.

En el documento que entregaron a los ministros de la Corte, explicó, se les hizo ver que en “estos 25 días sólo hemos presenciado los esfuerzos que han hecho una y otra procuraduría, y uno y otro niveles de gobierno, por culparse mutuamente y proteger sus respectivos intereses, a funcionarios y a allegados”.

En este tiempo, destacaron, no se arraigó a nadie para evitar que se evadieran los responsables, tampoco se ha ordenado el aseguramiento de los bienes materiales de los responsables para garantizar la reparación de los daños materiales y morales.

Mucho menos se separó de su cargo a la coordinadora de Guarderías, Carolina Rochín, ni al director del IMSS, Daniel Karam, ni a sus subalternos, para facilitar las investigaciones.

Por estos motivos, en caso de que la Corte acepte investigar lo ocurrido en la guardería, los papás pidieron a los ministros que nombren una comisión investigadora que se traslade de inmediato a la región y se haga cargo de toda la información en torno al caso, para evitar que se destruyan o alteren las pruebas.