La administración del presidente Felipe Calderón fue responsabilizada del retraso de un año en la implementación de la reforma en materia de seguridad y justicia penal, y acusada también de ajustarse a una visión errónea que establece como prioridad la lucha contra el narcotráfico por sobre la reestructuración judicial.

Las críticas surgieron durante el debate que se generó para conocer la postura de los tres principales partidos políticos, al que, de última hora canceló su participación el presidente nacional del PAN, Germán Martínez, quien en su representación envió al candidato a diputado federal, César Nava.

A nombre del PRD acudió al foro “Seguridad con Justicia” su presidente nacional Jesús Ortega, y en representación del PRI, el senador Jesús Murillo Karam.

Aún no hay consejo

De inicio, al abrir la discusión del tema, el académico Emilio Rabasa, a nombre de la Red Ciudadana por la Seguridad con Justicia, lamentó que se haya retrasado la instalación del consejo encargado de implementar la reforma, que se puso en marcha en junio de 2008, mediante la cual se modificó la Constitución para establecer un nuevo sistema de justicia basado en los juicios orales y se fijaron las bases para un nuevo esquema de seguridad.

Pero en especial fustigó que en el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal no se haya incluido a ciudadanos o académicos.

Pero además dijo que existe una concepción errónea del gobierno y de un segmento del Poder Judicial, en el sentido de que primero se debe ganar la lucha al narco, al crimen organizado, y luego, ya con cierta paz social, entrarle al nuevo sistema de justicia.

Al respecto, Jesús Ortega, atribuyó el retraso de la operación del consejo al presidente Felipe Calderón.

El senador Murillo Karam aclaró que el retraso es de la Federación, y coincidió que la demora es atribuible al presidente Calderón. El panista César Nava dijo que es injusto juzgar el avance de la reforma por la instalación del consejo.