HERMOSILLO, Son.— La Procuraduría General de la República (PGR) debe citar a declarar al ex director del Seguro Social Juan Molinar Horcasitas y a su sucesor, Daniel Karam, así como a los propietarios de la guardería ABC, a fin de esclarecer la tragedia que hasta el momento ha dejado 47 niños muertos, demandó el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castello.

Además, acusó al presidente Felipe Calderón de haber ordenado a Karam interponer la denuncia por responsabilidad civil contra su gobierno, bajo el argumento de que fue por negligencia del estado el incendio que causó los decesos de niños.

“No llamaron a comparecer ante la PGR a los que firmaron la subrogación de la guardería, ¿a quién protegen?”, cuestionó Bours en conferencia de prensa, en la que dio a conocer la creación de un fondo de más de 67 millones para las familias de las víctimas.

Precisó que cada una de estas familias podría recibir hasta un millón 400 mil pesos de acuerdo con lo que marca el Código Civil de Sonora, agregó el mandatario estatal.

Afirmó que con estos recursos estatales no se trata de pagar una vida, sino apoyar a los familiares en esta tragedia, ocurrida el pasado 5 de junio.

“Es para asegurarles a las familias de los niños que fallecieron y para los que resultaron lesionados, que existan recursos del gobierno del estado para ellos”, indicó.

En el encuentro con los medios de comunicación, Bours Castello dijo sentirse enojado e indignado, ya que en su opinión “no es justo ni parejo”, que el estado haya citado a más de 50 personas a declarar y hayan girado algunas órdenes de aprehensión, mientras que la Federación no haya llamado al director ni al ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam Toumeh y Juan Molinar Horcasitas, respectivamente.

“Tampoco citaron a la coordinadora general de guarderías, Karla Rochín, identificada con Juan Molinar, ¿pues a quién protegen?”, insistió.

Prometen castigo

Dijo que las investigaciones continuarán y se castigará a todos los responsables, por lo menos de competencia estatal, pues la ley no permite actuar en contra de funcionarios federales, ni en delitos de su competencia.

En ese sentido, señaló que el gobierno del estado solicitó 14 órdenes de aprehensión y el juez otorgó sólo 13, porque consideró que una de ellas no era de competencia estatal, sino federal y por lo tanto se negó.

Informó que esta orden de aprehensión era en contra de Marcelo Meouchi Tirado, representante legal de los socios de las guarderías, pues el juez consideró que este caso es de orden federal, al igual que el de los socios.

Trascendió que Meouchi Tirado se fugó al extranjero el 6 de junio, un día después de la tragedia ocurrida en la estancia infantil.

Señaló que las investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado no han finalizado, pues todavía está pendiente definir quién autorizó los permisos de uso de suelo, entre otras cosas.