Legisladores de PAN, PRI y PRD consideraron positiva la decisión del presidente Felipe Calderón de no extraditar a la secuestradora Florence Cassez a Francia para que cumpla en esa nación su condena de 60 años de cárcel.

Manlio Fabio Beltrones (PRI), presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, manifestó su reconocimiento por la decisión.

César Horacio Duarte (PRI), presidente de la Cámara de Diputados, calificó como positiva la determinación porque, señaló, es lo que se esperaba en este asunto.

Descartó que esto redunde en un diferendo diplomático entre ambos países.

Gustavo Madero Muñoz (PAN), presidente del Senado, también expresó su beneplácito por el hecho de que la ciudadana francesa tenga que cumplir su condena por diversos delitos en México.

Juan Guerra (PRD) consideró “correcto (no extraditarla). Siempre cuestionamos que se fuera a politizar este asunto y se pudieran establecer relaciones de privilegio con una persona que, independientemente de su nacionalidad, hay evidencias de su responsabilidad”, manifestó.

“En una especie de visión discriminatoria y con una pretensión de que por ser francesa podía tener derechos diferentes, extraordinarios, a los secuestradores y a los criminales que delinquen en nuestro país. En este sentido, creo que es una señal muy positiva de un estado de Derecho que cumple sin distingos”, sostuvo el panista Madero Muñoz.

En su opinión, el enojo de Francia por la decisión de no repatriar a Cassez se da porque no hay reconocimiento al sistema jurídico y penal del país.

“Creo que con esto se constata que somos países con igualdad”, asentó el senador Gustavo Madero.

Hubo apego a Derecho: DF

El procurador del DF, Miguel Ángel Mancera, consideró que la decisión del presidente Calderón de negar la repatriación de Cassez fue conforme a Derecho.

“Lo que nosotros hemos dicho es que cuando el sistema jurídico mexicano entra en colaboración o en convenio con otros países, lo debe hacer en igualdad de circunstancias; México ha suscrito ya varios convenios en donde asume el compromiso de hacer intercambios de reos sentenciados. Sin embargo, lo que se atiende aquí es que no se encontraron las garantías de cumplimiento estricto, y los Estados cada vez que celebran un convenio internacional tienen el derecho de reservarse algunas de las obligaciones y pareciera que este era el caso”, explicó.