Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al menos un alcalde y jefes policiacos en activo o retirados de diversos municipios de Michoacán aparecen en la lista de personajes que están bajo investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por su presunta pertenencia a la red de funcionarios públicos que brindan protección al cártel de La Familia Michoacana.

Entre los mencionados en la investigación que lleva a cabo la SIEDO, están el alcalde de Lázaro Cárdenas, Mariano Ortega Sánchez; el diputado Iván Madero Naranjo; Efraín Loaiza Farías, director del grupo antisecuestros en la entidad; el diputado federal del PRD, Miguel Ángel Arellano Pulido; el comandante Ignacio Berber García; el ex alcalde de La Huacana, Israel Tentory, y el también diputado local Antonio Cruz Lucatero.

Hay otros servidores públicos de quienes se desconoce su paradero, pero que están mencionados en las investigaciones que efectúan fiscales antimafia, como es el caso de Adolfo Alfredo Medina, director de Seguridad Pública de Uruapan, el policía Jaime Alvarado Orozco, el jefe de grupo de la Policía Ministerial, Ramón Silva; el jefe también policiaco Rafael Puga Moreno, así como el agente Carlos González, y otros más a los que sólo mencionan por sus apellidos.

Las indagaciones sobre la red de funcionarios que presuntamente brindaban protección al grupo criminal de La Familia Michoacana, a las cuales tuvo acceso EL UNIVERSAL, dan cuenta de que todos los acusados son señalados por testigos protegidos o denunciantes anónimos desde noviembre y diciembre pasado. Ello constituye la base de las acusaciones hechas contra los ex servidores públicos a los cuales se pretende involucrar con el grupo delictivo.

El inicio de la investigación.

Tres meses después del ataque con granadas en la plaza Hidalgo, de Morelia, Michoacán, una llamada anónima a la SIEDO dio comienzo a la investigación que hoy tiene en prisión a 27 ex funcionaros de esa entidad.

La voz de un hombre reveló la red de protección con la que contaba La Familia Michoacana en Lázaro Cárdenas, Apatzingan, Uruapan, Zitácuaro, Arteaga, Buenavista, Ciudad Hidalgo y otros municipios en los que “la maña está bien metida con los presidentes municipales a quienes se les pagan fuertes cantidades de dinero por dar información de operativos y brindar protección a sicarios”.

Este testimonio, junto con la información encontrada en el disco duro de una lap top marca Toshiba modelo PP714Q, que fue asegurada en un operativo realizado en la delegación Gustavo A. Madero, en la ciudad de México, abrió las puertas a la investigación contenida en la averiguación previa PGR/SIEDOUEIDCS/398/2008, donde se encontró la nómina que presuntamente se pagaba a ex y funcionarios de Michoacán.

La indagación federal que apunta hacia la red de protección política, con que cuenta el cártel de La Familia Michoacana tiene los testimonios de los siguientes testigos protegidos: Ricardo, Paco y Emilio, el primero de ellos, ex policía judicial de Michoacán y los otros, narcotraficantes arrepentidos que hoy colaboran con la PGR.