El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) confirmó la clasificación de reserva de ley por 12 años del expediente de Laura Elena Zúñiga, ex miss Sinaloa, quien fue detenida por la Procuraduría General de la República (PGR) el año pasado, acusada de delitos como delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A la vez, el IFAI ordenó al órgano de control interno de la PGR presentar denuncias penal y administrativa para que se proceda contra quien resulte responsable por la publicación de información del caso en boletines de la dependencia.

El comisionado ponente, Alonso Gómez Robledo, explicó que, de acuerdo con el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que cataloga a las averiguaciones previas, a los documentos y actos relacionados, con carácter reservado, no es posible dar la información solicitada por un ciudadano.

La comisionada María Marván señaló que la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales fue publicada el 23 de enero de 2009, y el boletín de prensa respecto al caso de la ex miss Sinaloafue emitido el 30 de enero del mismo año; es decir, ya existía expresión legal que prohibía difundir información referente a una averiguación previa.

Por eso, dijo, hay un “mal manejo de la información” por parte de la Procuraduría.

El comisionado Juan Pablo Guerrero añadió que la PGR ha incurrido en la violación del artículo 16, al dar a conocer información clasificada como reservada y que forma parte de las averiguaciones previas, de manera reiterada en sus boletines de prensa.

“Me parece que tendría que haber una política institucional…. que requiere casi de una dirección en el IFAI para identificar cuando las áreas de seguridad, a través de sus boletines, siguen consideraciones de orden mediático y político al divulgar información que en términos de la Ley General de Transparencia tendría clasificarse”.

Guerrero cuestionó la forma “discrecional” con que la PGR usa la información, ya que sin ningún criterio legal las incluye en boletines, y en contraste niega versiones públicas o datos de los mismos a través de la Ley Federal de Transparencia.