El gobierno federal conservará la administración de los 12 penales que pretende construir con inversión privada en los próximos tres años, pues concesionará únicamente la construcción, la cual arrendará al constructor durante un plazo aún por definir, informó el oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Sergio Montaño Hernández.

El esquema de financiamiento se denomina BLT’s, por sus siglas en inglés (Building-Leasing-Transfer: Construcción-Arrendamiento-Transferencia), es nuevo en el área de seguridad pública, aunque es utilizado ya por el sector salud y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ampliar infraestructura.

Sin embargo, por el monto de la inversión, estimada de manera preliminar en unos 2 mil millones de pesos por centro penitenciario, el proyecto no será sometido a licitación, sino que se adjudicará directamente a la empresa que ofrezca las mejores condiciones, aunque se busca dar preferencia a inversionistas mexicanos, explicó el funcionario en entrevista.

“Es muy difícil que se licite este tipo de construcciones; sin embargo, eso no quiere decir que no se pongan reglas claras: tienes que establecer un precio máximo de la obra, de metros cuadrados de cada centro penitenciario, también la honestidad, la liquidez, el tamaño de las empresas, no nada más lo adjudicas así.

“Ahora, por el monto de inversión se va reduciendo cada vez más el espectro del tamaño de las empresas que pueden realizar estas obras”, detalló, y agregó que los lineamientos del proyecto, que se trabajan de manera coordinada con las secretarías de Hacienda y de la Función Pública.

Los penales se ubicarían en las entidades con mayor población de internos del fuero federal, es decir, el Distrito Federal y en los estados de México, Baja California, Jalisco, Sonora, Veracruz, Michoacán, Puebla, Tamaulipas y Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato.

El esquema es similar al de proyectos de prestación de servicios, que hasta ahora se ha aplicado en México para la construcción de hospitales y plantas de energía eléctrica, pero, a diferencia de esos contratos, en los que el sector privado diseña y construye la obra para prestar el servicio, el gobierno federal conservaría todo el tiempo la operación de los penales, hasta recibir los inmuebles.

En este caso, explicó Montaño, se solicitará a los inversionistas privados construir los centros penitenciarios, con base en unos lineamientos denominados “nuevo modelo del sistema penitenciario federal”, basado en buenas prácticas internacionales.

“Ellos realizan la obra civil, le ponen equipamiento básico y el gobierno federal se quedaría con el arrendamiento del inmueble. La administración es del gobierno federal, es decir, la alimentación, los custodios, toda la operación del sistema penitenciario y después de un plazo x, de 15 ó 20 años, se transfiere la obra civil, el inmueble, al gobierno federal, que lo operó todo el tiempo”.

El nuevo modelo del sistema penitenciario

Montaño reconoció que la sobrepoblación carcelaria obligó al gobierno federal a buscar soluciones en diversas vertientes, a fin de cumplir con la función de reinserción social de los internos que establecen tanto la reforma en materia de justicia penal aprobada el año pasado como las buenas prácticas internacionales en la materia y la normatividad de derechos humanos.

“La sobrepoblación a estos niveles no nos permite implementar ningún esquema de reinserción social y es un círculo vicioso”, admitió.

El objetivo, explicó el funcionario, es que los nuevos penales federales, además de los de Guasave (Sinaloa), Papantla (Veracruz) y Huimanguillo (Tabasco) se desarrollen bajo el nuevo modelo, que se ha estado diseñando desde 2008, con la asesoría de los gobiernos de Chile y de Estados Unidos en algunos aspectos.

“Tampoco estamos inventando nada nuevo. Los modelos ahí están. Por ejemplo, en baja peligrosidad no es tanto el énfasis en tener separados a los internos, sino que convivan, pero que realicen una actividad productiva, que tengan un oficio cuando regresen a la sociedad”, destacó.

En el caso de los recluso de mediana peligrosidad, también se promueve la convivencia, incluso con los custodios.

“Los modelos son los clásicos en todos lados: celdas en dos pisos, (los internos) llegan a un plaza interna donde realizan su alimentación y la parte social y salen a hacer actividades físicas.

En máxima o supermáxima seguridad, se va limitando la interrelación, los internos sólo salen de sus celdas por media hora o 40 minutos, según su grado de peligrosidad, y es mayor la vigilancia tecnológica”, detalló.

Interés de inversionistas

El anuncio del proyecto, realizado el 2 de junio pasado por el titular de la SSP, Genaro García Luna, despertó el interés de varios posibles inversionistas, que se han acercado a la dependencia para solicitar más información, reconoció Montaño, quien se reservó los nombres debido a que todavía no existen acuerdos concretos con ninguno de ellos.

“En lo que estamos tratando de dar más énfasis es que sean empresas mexicanas, tienen que ser empresas que tengan liquidez y, obviamente, porque es una cuestión de seguridad nacional, la investigación que se haga sobre ellas deberá ser muy amplia, porque no estamos construyendo una clínica”, precisó.

Con la definición de lineamientos, que se espera estén concluidos este mismo mes, se pretende que la empresa o empresas que ganen la adjudicación garanticen que la construcción, a lo largo del plazo de arrendamiento y cuando se entregue al gobierno federal, esté en las mismas condiciones que cuando terminó de construirse.

La construcción de los 12 nuevos centros, anticipó, deberá comenzar este mismo año. La meta es que para 2012, con los nuevos penales y las obras de ampliación de infraestructura anunciadas para la Colonia Penal islas Marías y el centro federal de readaptación social de Tepic, Nayarit, la capacidad de internamiento del gobierno federal llegue a poco más de 45 mil espacios.