Un juez federal concedió una orden de arraigo por 40 días para mantener bajo investigación a 9 de los 10 militares que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) por estar presuntamente ligados a grupos del narcotráfico.

A diferencia de la información difundida por la Sedena un día antes, en la que se hace alusión a la relación de los militares con Joaquín El Chapo Guzmán, la PGR reportó que son investigados por sus presuntos vínculos con la organización criminal liderada por Ismael El Mayo Zambada García.

Los dos presuntos narcotraficantes, El Chapo y El Mayo, forman parte del grupo que encabeza el cártel del Pacífico.

El décimo de los militares, de quien no se proporcionó información, sigue en calidad de presentado, conforme a versiones extraoficiales, por lo que se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica.

La Sedena dio a conocer ayer que los 10 elementos filtraban información al cártel del Pacífico.

En la lista de arraigados, proporcionada por la Procuraduría, destaca el caso de un capitán segundo de Infantería como el oficial de más alto rango sujeto a investigación.

La mayoría de los detenidos —7 de ellos— son tenientes de Caballería y de Infantería, y sólo uno es subteniente de Infantería. Pero todos son oficiales.

Sin hacer alusión a la versión que difundió el Ejército en el sentido de que fue la Procuraduría Militar la que inició la investigación y la que detectó este presunto caso de corrupción, la PGR se limitó a reportar que:

“Los efectivos militares arribaron a la SIEDO el pasado 12 de junio, en cumplimiento a una orden de localización y presentación girada por el Ministerio Público de la Federación, por lo que se les decretó su legal retención, toda vez que de las investigaciones realizadas se obtuvo información que los vincula con actividades que permitían a la organización de El Mayo Zambada evadir a las autoridades y operar con impunidad”.

De acuerdo con la información dada a conocer por la PGR, el juez concedió la orden de arraigo para que se puedan agotar las investigaciones en torno a la probable responsabilidad de los señalados en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y fomento a las actividades del narcotráfico.

“La medida cautelar —precisó la PGR mediante un comunicado de prensa— permitirá al representante social de la Federación continuar con las diligencias necesarias para la integración de la averiguación previa respectiva y, en su caso, de ser procedente, ejercitar acción penal en contra de los nueve indiciados”.