México no aceptará la recomendación que emitió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que sean los tribunales civiles y no castrenses los que investiguen y sancionen las violaciones a derechos humanos cometidos por militares asignados a tareas de seguridad pública, y rechazará que exista un patrón de impunidad en su actuación.

No obstante, a partir de este mes los elementos del Ejército y la Policía Federal serán capacitados por la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos, como medida para impedir que cometan abusos.

Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en entrevista con EL UNIVERSAL, detalló así la posición que fijará el gobierno federal ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos, durante una sesión que se realizará mañana, en la que también defenderá la aplicación del arraigo contra el crimen organizado, que la ONU recomendó abolir.

En febrero, México fue sometido a una revisión sobre el respeto a los derechos humanos en el país, pero se reservó ocho recomendaciones para su análisis, tales como que se impidan violaciones de derechos humanos por parte de militares en tareas de seguridad pública y que sean los tribunales civiles los que investiguen y sanciones estos casos.

El plazo que pidió el gobierno federal vence mañana, y durante una sesión en Ginebra, Suiza, la delegación mexicana anunciará la firma de un acuerdo entre las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa para que el Ejército y la Policía Federal sean capacitados a partir de este mes por la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos, en temas de respeto a garantías y el uso de la fuerza.

Gómez Robledo aseguró que este paso es relevante ya que “en la medida que haya más capacitación habrá cuerpos del Ejército que serán menos proclives a cometer abusos”.

El subsecretario adelantó que en la sesión ante el Consejo “diremos también que si bien la situación en la que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública evidentemente los expone a mayores riesgos, por eso se están tomando medidas preventivas como es la capacitación”.

—¿Esta es la respuesta que se dará a las recomendaciones, es suficiente?

—Obviamente acudimos a explicar cómo queremos ir adecuando el Código Militar a los mayores estándares de derechos humanos.

Señaló que se explicará que “los juicios en el fuero militar tienen todas las garantías del debido proceso, que la importancia de la disciplina militar es algo absolutamente esencial para la existencia del instituto armado, que los tribunales militares suelen sancionar en términos muy severos a quienes encuentran culpables de alguna falta y así se ha hecho”.

Gómez Robledo dijo que se detallará que toda resolución de un tribunal militar puede ser recurrida por un tribunal civil “la justicia civil es la que tiene la última palabra en toda situación que haya sido juzgada por el fuero militar (…) lo cual nos lleva a concluir que no se configura en modo alguno un patrón de impunidad como han pretendido algunas voces”.

—Informes recientes de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional señalan que siguen las violaciones y la impunidad

—Es parte de los elementos que tenemos que valorar (…) pero hay aseveraciones en el último informe con los que no estamos de acuerdo, que nos parecen incompletas, descontextualizadas y exageradas, lamento que Amnistía Internacional no dé cuenta de todos los avances que se han realizado en la materia.

Juan Manuel Gómez Robledo dijo que ante el Consejo, México mantendrá su postura de que la participación del Ejército en tareas de seguridad es indispensable “a nadie le cabe la menor duda”, aunque ésta es temporal, por lo que se explicará ante Naciones Unidas que se están tomando medidas preventivas para evitar violaciones a las garantías de la población “y que cuando se ha encontrado una falta por parte de un elemento del Ejército, se ha reparado a las víctimas, se han emitido sanciones”.