La operación y funcionamiento del puerto industrial de Altamira está en riesgo luego de que un tribunal federal otorgó un amparo a dos grupos de ejidatarios patrocinados jurídicamente por los ex senador del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos, y el ex procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia, contra el decreto presidencial que expropió los terrenos donde se ubica la terminal marítima.

El juicio que tardó menos de dos años en resolverse —casi lo que lleva el sexenio del presidente Felipe Calderón—, podría implicar desde la paralización de labores de la terminal marítima hasta el desembolso de más de mil 500 millones de pesos del erario.

Fernández de Cevallos y Lozano Gracia lograron que dos de tres magistrados federales otorgaran el amparo no porque no se les haya pagado a los ejidatarios o no se les haya dotado de otras tierras, sino porque en el texto del decreto no se justificó la utilidad pública del puerto para la expropiación. Sin embargo, hoy por hoy en la terminal marítima —la cual en los últimos nueve años recibió una inversión privada de 2 mil 500 millones de dólares— se asientan empresas como la alemana Basf de México, la española Gas Natural, la colombiana Biofilm y hasta una planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el juicio contra el complejo industrial portuario de Altamira, considerado el tercero en importancia de México por el movimiento anual de más de 450 mil contenedores y poseer plantas petroquímicas, participa también en del equipo de abogados de los ejidatarios el ex subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Gobernación, Arturo Chávez Chávez. Fue designado por los ejidatarios como otro de sus apoderados legales para reclamar ahora el cumplimiento y que está en curso del amparo otorgado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil de Tamaulipas.

“Jefe” Diego confirma defensa

El fallo del citado tribunal federal, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, colocó en la incertidumbre jurídica la propiedad de las 9 mil 595 hectáreas de la superficie donde se asienta el puerto desde hace 28 años y que fue expropiada a cinco ejidos que se ubicaban ahí y resultaron afectados por el decreto expropiatorio emitido entre 1981 y 1982. La resolución abrió la puerta para que los otros tres ejidos exijan en términos idénticos un amparo que igual ponga en riesgo la operación del puerto y al gobierno federal en la antesala de pagar indemnizaciones millonarias.

Al respecto, el ex senador Diego Fernández de Cevallos fue consultado ayer y aceptó que él junto con el ex procurador Lozano Gracia llevaron adelante la defensa de los ejidatarios de Altamira y obtuvieron un fallo favorable. Actualmente, agregó, estamos a la espera del cumplimiento de la sentencia favorable a los ejidatarios y confió sea finalmente el pleno goce de los derechos sobre las tierras en las que se asienta el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas.

Un caso parecido, en el cual actuaron conjuntamente los panistas Lozano Gracia y Fernández de Cevallos se produjo en el sexenio de Vicente Fox, cuando en 2002 lograron que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) fuera obligada a pagar mil 214 millones de pesos a herederos del político Gabriel Ramos Millán. Ello también al litigar en contra de la resolución presidencial que expropió por causa de utilidad pública más de 236 hectáreas del ejido Santa Úrsula Coapa.

El fallo

El juicio de amparo de los ejidatarios fue presentado por Antonio Lozano Gracia, Arturo Chávez Chávez y Francisco Javier Ávalos Hernández, el 29 de junio de 2007 ante el Juzgado Décimo de Distrito de Tamaulipas, de acuerdo con el expediente 881/2007. En el documento se pidió declarar inconstitucional el decreto porque no fue firmado por el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) y no estaba especificada la causa de utilidad pública de los terrenos.

El análisis del caso en primera instancia llevó casi un año. Pero después, el juzgado antes citado resolvió sobreseer el caso y negar el amparo solicitado contra el decreto de expropiación. Así, el 24 de julio de 2008 los abogados encabezados por Lozano Gracia interpusieron un recurso de revisión para impugnar el fallo del Juzgado Décimo de Distrito de Tamaulipas.

Bajo el número de expediente 230/2008, el recurso fue turnado al Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, donde se designó al magistrado, José Manuel Blanco Quihuis, como el encargado de elaborar un proyecto de sentencia y que fue presentado a sus compañeros, Guillermo Loreto Martínez y Antonio Soto Martínez. En poco más de tres meses, el 5 de noviembre de ese año la sentencia final fue emitida por el tribunal.

Con la oposición del magistrado Loreto Martínez, sus homólogos, José Manuel Blanco Quihuis y Antonio Soto Martínez, concedieron a la defensa encabezada por Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez el amparo a favor de los miembros y herederos de los ejidos Ricardo Flores Magón y Francisco Medrano. El amparo solicitado fue contra el decreto expropiatorio emitido en tiempos del ex presidente José López Portillo, que prevé la construcción del puerto de Altamira.

En esta sentencia, la defensa de los ejidatarios pidió a los magistrados federales considerar inconstitucional el decreto porque faltaba la firma del titular de la SCT de esa época en el documento presidencial. Se consideró que con el hecho de que el entonces secretario de la Reforma Agraria lo haya firmado y ratificado era más que suficiente.

Pero en el decreto de expropiación —de acuerdo con los magistrados— “se omitió exponer las razones que justificaran que la instalación del mencionado puerto industrial y la creación de los servicios básicos para su funcionamiento, implicaban la creación o mejoramiento del centro de población o de sus fuentes propias de vida, que es precisamente la causa de utilidad pública”. Más adelante la sentencia expone que “en ese contexto, se impone conceder el amparo solicitado por el núcleo agrario en contra del decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación”.