MORELIA, Mich.— El grupo criminal La Familia Michoacana tiene como parte de su respaldo institucional a organismos no gubernamentales de derechos humanos y asociaciones civiles que presuntamente operan como pantallas para actuar públicamente o incluso ejercer “presiones” hacia autoridades bajo el pretexto de la defensa de derechos humanos o demandas sociales. La agrupación delincuencial financia además centros de rehabilitación e incluso publicaciones, según informes de la PGR y de inteligencia militar.

Un documento elaborado por las autoridades federales da cuenta de por lo menos nueve casos judiciales en los que se han visto involucrados representantes de los presuntos organismos defensores de las garantías que operan al servicio de La Familia Michoacana, que de acuerdo con este informe estaban bajo el control de Rafael Cedeño Hernández, El Cede. El organigrama elaborado por las autoridades señala que entre los organismos financiados presuntamente por el grupo criminal están una publicación llamada Suma, los centros de rehabilitación Gratitud, uniones de colonos, asociaciones deportivas, y otros.

Incluso, credenciales de Suma han sido decomisadas por las autoridades en diferentes operativos en la entidad y en el estado de México. Pero el ejemplo mayor de esta presunta relación fue el de Cedeño Hernández, quien al momento de su captura, ocurrida en abril pasado durante un bautizo, portaba una de estas identificaciones. En ella se le designaba como observador permanente del organismo de derechos humanos, la cual supuestamente estaba avalada también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el organigrama para el funcionamiento de Suma y que operaba bajo el presunto control de El Cede, este ex policía judicial de Michoacán aparece como el responsable de entregar el financiamiento al grupo que difunde además una publicación quincenal. Debajo de él aparece Julio César Silva Alemán, quien es el director de este organismo. Luego de ellos aparecen también Érika Yamilet Caraza Ortega y Luis Mariano Caraza Flores, la primera subdirectora de información y el segundo subdirector en Michoacán. Debajo de ellos están Licher Parisheck del Castillo subdirector editorial de Suma y Jesús Orozco Tena, con un cargo idéntico al anterior.

Los reportes oficiales dan cuenta de al menos nueve casos en los que presuntamente familiares o allegados de Silva Alemán fueron vinculados a actividades delictivas. Los delitos en los que fueron relacionados van desde el secuestro, lesiones y amenazas, falsificación y uso de documentos falsos, evasión de presos, homicidio y abuso de autoridad, casos en los cuales las autoridades citan números de diversos documentos judiciales.

Entre los centros de rehabilitación que La Familia Michoacana tiene bajo control y que de alguna manera eran las oficinas desde donde despachaba Hernández Cedeño, están los que operan bajo la denominación de Gratitud, AC. De acuerdo con versiones de autoridades federales, estos lugares operaban como centros de reclutamiento y escondites apara algunos de los delincuentes buscados por la policía por su vinculación con el crimen organizado.

Algunos de los sitios entre los que se encuentran centros de este tipo son Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, Tarimbaro, Erongaricuaro, Acuitzio, de acuerdo con el informe de las autoridades. También el documento cita que los sitios han llegado a ser utilizados para mantener a víctimas de levantones mientras duran las negociaciones o la entrega de rescates.