Un integrante de La Familia, detenido a fines de 2008, es el testigo protegido que con la clave de “Francisco” reveló a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) la presunta red de protección tejida en torno a la organización delictiva por alcaldes, funcionarios estatales, comandantes y policías.

A partir de su testimonio, que de acuerdo con abogados de los indiciados no detalla circunstancias de tiempo, modo y lugar, la SIEDO decidió ampliar de 48 a 96 horas el plazo para definir la situación Jurídica de los 29 involucrados, para investigarlos por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Peritos de la SIEDO realizan desde ayer pruebas de voz a los 29 indiciados, para contrastarlas con grabaciones de conversaciones telefónicas con integrantes de La Familia en las que supuestamente se hacen pagos por protección y trasiego de drogas con los servidores públicos involucrados.

El testigo protegido vincula a los acusados con Nazario El Chayo Moreno y Jesús El Chango Méndez, los dos principales dirigentes de La Familia, y con otros lugartenientes de la organización, con quienes supuestamente se habrían reunido y pactado diversas acciones de protección que incluyen entrega de información reservada.

La SIEDO aplazó también para el sábado el desahogo de pruebas de descargo que ofrecieron ayer sus abogados, mientras solicitó un paquete de arraigos en contra de los detenidos a un juez especializado en arraigos, cateos e intervención de comunicaciones telefónicas. Además, la SIEDO citó a 36 personas más para testificar.

Los abogados defensores cuestionaron el procedimiento que, aseguran, deja en estado de indefensión a sus clientes, pues la decisión de que las pruebas de descargo no se desahogarán antes del próximo sábado implica que seguramente serán arraigados y sometidos a investigación por 80 días.

Juan Rivero Legarreta, defensor del presidente municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtlahuac, cuestionó que se opte por el arraigo en una investigación que, según la PGR, tiene más de seis meses, lo que en su opinión significa que la dependencia no tiene prueba plena en contra de su cliente y los demás detenidos. “Después de seis u ocho meses ¿no tenían evidencia plena?”, cuestionó. (Con información de agencias)