La Secretaría de Gobernación (Segob) admite que en el país hay espacios que “han sido cooptados por el crimen organizado, subvirtiendo el orden constitucional”, por lo que planea la recuperación de aquellos territorios endémicamente afectados por las actividades delictivas.

En el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, documento próximo a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, pone en blanco y negro las líneas de acción en materia de seguridad nacional, entre las que destaca la 2.2.5: “Impulsar la recuperación de aquellos espacios que han sido cooptados de manera ilegítima por terceros subvirtiendo el orden constitucional”.

En los últimos meses se desató una polémica porque autoridades de Estados Unidos afirmaron que México es un “Estado fallido”, por la falta de control sobre algunos territorios.

La línea de acción 2.2.3 del programa dice: “Recuperar el control pleno en territorios endémicamente afectados por las actividades delictivas, poniendo énfasis especial” en el reforzamiento de las estructura sociales básicas, por medio de campañas de prevención del delito y fortalecimiento de programas cívicos; “promoción entre concesionarios de medios de comunicación de códigos de conducta autoasumidos que promuevan una difusión responsable de la información”; programas de rehabilitación, e instrumentar operativos conjuntos en “las regiones más afectadas por la delincuencia organizada”.

Otra línea de acción buscará “evitar que la delincuencia organizada derive en focos de ingobernabilidad en regiones específicas”, para ello promoverán nuevas atribuciones legales para combatir el narcomenudeo —aunque ya hay una ley aprobada en el Congreso el 28 de abril pasado que define topes máximos de portación de enervantes como la mariguana y cocaína— y desarrollar las capacidades operativas en su lucha; impedir el ingreso ilegal de armas, municiones, sustancias explosivas, dinero y de drogas.

Se reconoce que el narcotráfico es la manifestación “más significativa” de la delincuencia organizada, por lo que es de atención prioritaria para la seguridad nacional porque “la amenaza concreta consiste en el debilitamiento de la economía, la sociedad y las instituciones de gobierno, factores cuya combinación y persistencia menguan el control territorial del Estado”.

Las principales amenazas a la seguridad nacional son: la delincuencia organizada, el narcotráfico, grupos armados, terrorismo y la vulnerabilidad en las fronteras, por donde no sólo hay trasiego de armas y personas, sino de drogas.

Según Gobernación, las acciones contra el narcotráfico “marcan un punto de inflexión en la presión del Estado sobre las organizaciones criminales, que han reaccionado escalando la violencia ejercida sobre ellos, contra la población civil y contra la autoridad como una forma de desafiar al Estado”.

En la argumentación establece que “resultan relevantes diversas dinámicas derivadas de la actuación del crimen organizado, caracterizadas por la coerción que grupos delictivos pretenden ejercer sobre autoridades electas y designadas en los tres órdenes de gobierno; la cooptación de miembros de las instituciones de seguridad pública y procuración y administración de justicia, con el propósito de obtener impunidad y dificultar la acción persecutoria del Estado”.

El crimen organizado representa una amenaza para la seguridad nacional que “puede vulnerar la soberanía y el orden constitucional” del país.

En el programa se afirma que “existen riesgos al desarrollo integral de los mexicanos que exigen creciente atención por parte del Estado y la sociedad, como es el caso de las pandemias o epidemias que pueden poner en riesgo a amplios sectores de la población. Frente a estos riesgos existe la necesidad de impulsar acciones de prevención y protección”.