La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 29/2009, dirigida a la Secretaría de Marina y al Instituto Nacional de Migración, para que se investiguen las irregularidades administrativas y uso indebido de la fuerza, detención iliegal, somentimiento, persecución y aseguramiento en el caso de 223 migrantes centroamericanos que fueron víctimas, en dos operativos, de personal de esas instancias destacamentados en Oaxaca, además de que amenazó de muerte a un reportero que presenció los hechos y los captó con cámara fotográfica.

La CNDH solicitó al secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, que la Inspección y Contraloría General investigue a los elementos que no fueron sometidos a proceso, luego de que se determinara, durante la investigación, que se aplicara el máximo arresto en contra de dos tenientes de corbeta, un primer maestre y un cabo.

Mientras que la subdelegación del INM, aseguró la Comisión en su reporte, “no visualizó ningún hecho de violencia o agresión hacia las personas indocumentadas”, a pesar que los operativos estaban bajo su responsabilidad.

De lo anterior se desprende que el Instituto “no tuvo control de los operativos y toleró que personal de Marina realizara una verificación migratoria ilegal”.

Con fecha 29 de febrero de 2008, durante la visita a la estación migratoria Siglo XXI del INM en Tapachula, Chiapas, uno de los agraviados solicitó al personal de la CNDH su intervención por los hechos ocurridos día antes en el poblado Las Palmas, Oaxaca, donde saltó del tren para evitar un operativo, sin embargo un marino lo persiguió y le pegó con un tolete en la pierna derecha en diversas ocasiones.

Al integrar el expediente, el 1 de abril de 2008, la CNDH recibió la queja por la retención ilegal de un connacional, originario de Michoacán, reportero y residente en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, que fue detenido durante el operativo del 31 de marzo de ese año en el mismo poblado, cuando se percató de la persecución y violencia contra extranjeros.

Un oficial lo descubrió cuando tomaba fotos y ordenó su detención. Los marinos le exigieron que entregara cámara y fotografías, a lo que se negó. Al acreditar su nacionalidad y actividad fue amenazado de muerte y se le imputó ser “pollero”. Fue trasladado a la estación migratoria de Tapanatepec, donde ingresó a las celdas; posteriormente fue dejado en libertad.

Del análisis de los elementos de prueba que se allegó la CNDH, quedó establecido que los elementos de Marina y de Migración violaron los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, trato digno y seguridad personales en perjuicio del quejoso y otros migrantes centroamericanos, así como del reportero.

En su informe, la Semar señaló que aún andando el tren, muchos migrantes saltaron por lo que presentaban traumatismos. Sin embargo, la Comisión obtuvo testimonios de autoridades ejidales, vecinos y los afectados que confirmaron las persecuciones y actos violentos contra los migrantes centroamericanos.