El gobierno federal estableció que las fuerzas castrenses y ninguna autoridad civil gozan de impunidad en su tarea de servidores públicos, porque deben cumplir de manera obligatoria la Constitución y las leyes del país.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) subrayó que las resoluciones del Tribunal Militar pueden ser impugnadas ante la justicia civil, mediante el juicio de amparo.
Con ello, la dependencia respondió a los señalamientos de Human Rights Watch, cuyos representantes afirmaron que el sistema de justicia militar en México es deficiente, pues las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército quedan en la impunidad.
En el texto, la Segob recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional ha aceptado todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto a la actuación de los militares.
“Es importante mencionar que México aceptó, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 83 recomendaciones formuladas con motivo del Mecanismo de Examen Periódico Universal”, añadió.
(José Gerardo Mejía)