Desde hace dos años se ha incrementado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas propias de las autoridades civiles, sobre todo en el ámbito de la seguridad y de la investigación de los delitos. Ello conlleva riesgos significativos para la vigencia de los derechos humanos no sólo porque algunos elementos transgredan las leyes, sino porque la institución militar fue creada para otros fines. Su lógica tiende a la eliminación de aquellos considerados enemigos.

Hoy día, es necesario que esta institución rinda cuentas y se someta a autoridades ajenas a la esfera castrense; que se ajuste a las reglas de la democracia y deje de ser un poder cuasiautónomo. Es indispensable el establecimiento de controles civiles sobre el Ejército, por ejemplo, a través del fortalecimiento de comisiones legislativas que lo supervisen; a través de la designación de civiles en puestos de mando dentro de la Sedena o incrementando la transparencia de la institución.

Las organizaciones civiles de derechos humanos en México hemos focalizado nuestra labor en un aspecto muy específico del control civil sobre el Ejército: la subordinación de los militares a la justicia civil cuando cometen violaciones a los derechos humanos. La aplicación del orden jurídico que nos rige es lo que se busca al exigir que los tribunales militares conozcan únicamente delitos relacionados con la disciplina militar.

La Constitución limita claramente la extensión del fuero militar sobre civiles estableciendo que “subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar”. Pero el Constituyente no contaba con que la “disciplina militar” sería definida de manera expansiva por el propio Ejército, abarcando incluso los delitos que atentan contra civiles y los afectan en sus bienes jurídicos fundamentales; ni que el Ejército se constituiría en un poder incuestionable de modo tal que ni legisladores ni jueces se atreverían a acotar esa concepción. Así, a partir del Código de Justicia Militar se ha infringido reiteradamente la Constitución, con la complacencia de casi todos los implicados.

La justicia militar, por definición, es parcial. Esta afirmación no sólo es a partir de las condiciones subjetivas de los juzgadores castrenses, sino sobre todo de las condiciones objetivas que enmarcan su actuar.

Pese a la inusual extensión del fuero militar, no se ha cuestionado aún la constitucionalidad de las normas que definen la disciplina militar en el Código de Justicia Castrense. En breve, a partir de un juicio de amparo representado por el Centro Prodh y Fundar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la oportunidad de definir esta cuestión.

Aunque hay suficientes elementos para restringir el fuero militar desde la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá considerar los avances del derecho internacional de los derechos humanos que considera que, en un estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, además de estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con la función que la ley asigna a las fuerzas militares.

Hay suficientes consideraciones para restringir el fuero de guerra y fortalecer el control civil sobre los militares. Para las y los defensores de derechos humanos prevalece una consideración fundamental en esta exigencia: la experiencia de quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos a manos de militares.

Por años se ha documentado la impunidad en la que éstas quedan cuando son investigadas por el propio Ejército, lacerante arbitrariedad que es una brutal lección histórica.

La militarización no es la salida al clima de inseguridad imperante ni constituye, a largo plazo, la alternativa para disminuir el poder acumulado por la delincuencia organizada tras años de crecer al amparo de las autoridades. Pero hoy el Ejército está en las calles y su rango de actividades crece día con día; por ello es preciso que existan efectivos controles civiles. Es esta una importante y urgente asignatura pendiente para la Suprema Corte.

Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC