El Senado de la República aprobó ayer una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego, con el fin combatir el tráfico de armas a nuestro país.

La reforma incrementa las penas y sanciones a servidores públicos que permitan el tráfico de estos artefactos, que sobre todo son introducidos al país vía Estados Unidos, donde se registran al menos 12 mil puntos de venta de armas diseminadas a lo largo de su frontera sur.

Las sanciones planteadas en el proyecto de decreto alcanzan la destitución del empleo y la inhabilitación.

El proyecto de decreto fue avalado por el pleno, con 78 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, y pasó a la Cámara de Diputados, que fungirá como cámara revisora.

La reforma argumenta que desde diciembre de 2006 se ha logrado el decomiso de 25 mil 657 armas, además de 2.4 millones de municiones y de mil 642 granadas de fragmentación, “lo que equivale —junto con 288 armas largas incautadas desde el 6 de noviembre pasado, 126 armas cortas, un lanzacohetes y 500 mil cartuchos de diversos calibres— a un arsenal que estaba en poder de la delincuencia organizada”.

La iniciativa fue propuesta por los senadores del PRI Fernando Jorge Castro Trenti, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Ramiro Hernández García, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Mario López Valdez y Raúl José Mejía González.

Los senadores argumentan que los ilícitos, principalmente relacionados con el narcotráfico, se vinculan directamente con el uso de armas de fuego que llegan a manos de los grupos criminales como resultado de un tráfico ilegal que tiene su origen principal en Estados Unidos.

El cuerpo de la reforma deroga la fracción II del artículo 84, para reformular su redacción como artículo 84 quater, y establece una pena mínima de 15 años y máxima de 45 a los servidores públicos que no impidan el tráfico de armas a México, agregando la inhabilitación como pena y sanción administrativa adicional.

De igual manera, contiene una reforma al artículo 84 ter para establecer que las penas a que se harían acreedores los servidores públicos que permitan la entrada ilegal de armas a México podrían aumentarse hasta el doble, a diferencia del aumento hasta en una mitad que establece actualmente la norma.