A una semana de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el presidente Felipe Calderón envió al Senado un paquete de reformas para regular la participación del Ejército en seguridad pública, fortalecer al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y castigar hasta con 60 años de prisión al militar que se coluda con el crimen organizado.

En su inciativa, Calderón pide crear un tipo penal para castigar con severidad a quienes atenten contra los encargados de la seguridad o contra aquellos que levanten a candidatos a puestos de elección, funcionarios partidistas y sus familiares hasta segundo grado.

Esto, según se prevé en los artículos 189 bis y 403 bis del Código Penal Federal, con penas de 10 a 20 años de cárcel y 2 mil días de salario mínimo de multa.

Utilizar juguetes como armas reales y venta de protección serán considerados delitos graves con penas de hasta 20 años de prisión.

Incorpora en el artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional los conceptos de “sublevación o el trastorno interior en una entidad federativa”, como causales para una declaratoria de riesgo a la seguridad interna, que sólo podrá emitir el Presidente de la República.

La autoridad que considere una afectación a la seguridad interior presentará su solicitud al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, que analizará la petición y, de ser procedente, tendrá temporalidad, ubicación geográfica e instancias participantes de la Fuerza Armada Permanente (FAP, integrada por el Ejército, Fuerza Aérea y Armada).

La FAP podrá “obtener, recolectar, clasificar, registrar, analizar, evaluar, procesar, explotar y almacenar” información sobre hechos motivo de la Declaratoria.

La FAP “sólo intervendría como institución responsable, en casos que su participación sea “estratégica y necesaria” porque la coordinación puede recaer en dependencias distintas a las secretarías de Defensa y Marina.

A toda la información para sustentar las declaratorias podrá tener acceso personal acreditado de la FAP en presencia del Ministerio Público, lo que a juicio del Presidente “pone en vitrina, ante los ojos de los gobernados la actuación de los cuerpos de seguridad, contrarrestando la visión de los ciudadanos de desconfiar de organizaciones que actúan en secrecía”.

Para ser parte de la seguridad nacional se intensifican controles, con exámenes poligráficos, de confianza, toxicológicos y sicológicos.

Las empresas que provean servicios de comunicación “de cualquier tipo” estarán obligadas a conceder todas las facilidades al Cisen para su intervención, en el combate al crimen organizado.

El Código de Justicia Militar prevé sanciones de entre 30 y 60 años para los miembros de la FAP que colaboren o se coludan con el crimen organizado.

En los cambios a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, Código Federal de Procedimientos Penales y Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se pretende apretar el combate al tráfico de armas, para lo cual busca elevarlo como delito grave, restringir y erradicar la compra-venta ilícita de armas y agravar las sanciones con penas de hasta 30 años de prisión.