En medio de enérgicas críticas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), feministas exigieron a este organismo político desvincularse de cualquier sospecha que indique estar al servicio de la jerarquía católica y en contra de la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Además, ayer un grupo representante de 280 organizaciones no gubernamentales aglutinadas en la Red Nacional, Democracia y Sexualidad (Demysex) se manifestaron frente a la representación del gobierno de Quintana Roo en el Distrito Federal.

Las activistas demandaron al gobernador Félix González Canto impedir que las reformas que se impulsan en el Congreso, presentadas por el PRI, se aprueben fast track pues, sostuvieron, criminalizaría las mujeres al cancelar derechos que tienen a decidir sobre su cuerpo.

Además, demandaron a los gobernadores de Colima, Sonora, Baja California, Morelos, Jalisco, Nayarit y Puebla, a vetar leyes que ya fueron aprobadas por mayoría integradas por PRI y PAN en las legislaturas locales y a los mandatarios de Guanajuato, Oaxaca, Veracruz y Querétaro a abrir el tema a debate.

Unas 50 mujeres de diversas ONG —como la Coalición por la Salud de las Mujeres, Alianza Nacional por el Derecho a Decidir y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México— advirtieron sobre la modificación a la Constitución de Quintana Roo:

Se establecería, afirmaron, “una protección incondicionada de la vida en gestación, en perjuicio de los derechos fundamentales de las mujeres a las que se les pretende atribuir el carácter de delincuentes aunque se les perdona la imposición de la pena en los supuestos previstos en la legislación local”.

En una manifestación donde las feministas utilizaron cubre bocas en forma de labios y una manta con la que simbólicamente clausuraron la sede del gobierno de Quintana Roo afirmaron que la eventual modificación de la legislación local contradice la Constitución federal.

Ya que conforme a la interpretación sistemática de ésta es necesario que se reconozcan los supuestos en los que las mujeres tendrán el derecho de interrumpir el embarazo ya recibir la prestación de servicios médicos que salvaguarden sus vidas, su salud e integridad corporal".

De acuerdo con Leticia Cuevas, 280 organizaciones del país se han movilizado contra las modificaciones legales que se impulsan en diversos Congresos locales en agravio, dijeron, de los derechos de la mujer.

Llamaron al gobernador de Quintana Roo a abrir el debate de este tema a la sociedad civil antes de que se tome una decisión en agravio de las mujeres de aquella entidad.