A pesar de que en 2007 se elevó a rango constitucional el acceso a la información pública, entidades como Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala, Campeche, Guerrero y Querétaro aún presentan rezagos y grandes asimetrías en este derecho constitucional.

Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), afirmó ayer que esas entidades han encontrado mecanismos para dificultar la transparencia como eliminar la gratuidad en las solicitudes, pedir la identificación del solicitante e incluso han impuesto como requisito tener nacionalidad mexicana para formular una petición de información.

Al participar en el seminario Avances y retos de la transparencia en México, la comisionada presidenta se pronunció en favor de que sea el Congreso de la Unión y los congresos estatales quienes nombren a los consejeros que integren los órganos garantes de accesos a la información, es decir, que no sean propuestas del Presidente o de los ejecutivos locales.

Opinó que como fórmula de elección la que nombra el Congreso es la mejor, porque se basa en una representación popular y plural, empero reconoció que hay un “círculo perverso” donde la imparcialidad no es muy frecuente en el sistema de partidos.

Sobre las barreras en las entidades estatales para abrir su información, Peschard explicó que en el caso de Baja California, Guerrero y Tlaxcala, se pide como requisito que el solicitante se identifique con firma o documento oficial, lo que contraviene el principio de que cualquier persona sin necesidad de acreditar interés alguno pueda solicitar información.

Indicó que en Campeche y Tlaxcala se solicita como requisito, para acceder a la información, que la nacionalidad sea mexicana.

En lo referente al costo en el cobro de solicitudes, la comisionada explicó que 16 entidades los precios van de los 30 centavos a un peso por copia simple o certificada, en los demás estados los montos van desde los 10 pesos.

Sin embargo, en Querétaro, dijo, se llega a cobrar hasta 30 pesos por copia e incluso la búsqueda de información implica un cobro, lo que rompe con el principio de gratuidad de la ley.

Peschard mencionó además que otra de las dificultades que han constatado es la preservación de documentos oficiales, por lo que consideró que es necesario promulgar una ley de archivos para darle mayor viabilidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.